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ABREVIATURAS

Art. Artículo

Arts. Artículos

CAC Comisión Acuerdo de Cartagena

C.N. Constitución Nacional

C.C. Código Civil

C. Co. Código de Comercio

C. G. P. Código General del Proceso

C. P. Código Penal

C. de P.C. Código de Procedimiento Civil

C. de P.P. Código de Procedimiento Penal

C.R.P. y M. Código de Régimen Político y Municipal

C. del M. Código del Menor

C. de la I. y la A. Código de la Infancia y la Adolescencia

C.S.T. Código Sustantivo del Trabajo

C.S. de J. Corte Suprema de Justicia

C. de E. Consejo de Estado

C. Const. Corte Constitucional

D.R. Decreto Reglamentario

E.O.S.F. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero

Exp. Expediente

L. Ley

M.P. Magistrado Ponente

Num. Numeral

Par. Parágrafo

Res. Resolución

ss. Siguientes

Image Observación

Image Comentario

ADOPCIÓN DE CÓDIGOS Y ADECUACIÓN DE TÉRMINOS LEGISLATIVOS

Ley 57 de 1887

ART. 1º.- Regirán en la República, noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas de que ella trata, los Códigos siguientes: El Civil de la Nación, sancionado el 26 de mayo de 1873

Ley 57 de 1887

ART. 2º.- Los términos Territorio, Prefecto, Unión, Estados Unidos de Colombia, Presidente del Estado, que se emplean en el Código Civil, se entenderán dichos con referencia a las nuevas entidades o funcionarios constitucionales, según el caso lo requiera.

Ley 153 de 1887

ART. 324.- En los Códigos adoptados las denominaciones de Corporaciones y funcionarios, como Estados Unidos de Colombia, Estado, Territorio, Prefecto, Corregidor, y las demás que a virtud del cambio de instituciones requieran en algunos casos una sustitución técnica, se aplicarán a quienes paralela y lógicamente correspondan.

TÍTULO PRELIMINAR DE LOS DERECHOS CIVILES Y GARANTÍAS SOCIALES

Ley 57 de 1887

ART. 4º.- Con arreglo al artículo 52 de la Constitución de la República, declárase incorporado en el Código Civil el Título III (Arts. 16-52) de la misma Constitución.

Image 1. Conforme a los preceptos del artículo 4º de la Ley 57 de 1887, el Título III de la Constitución Nacional, “De los Derechos Civiles y Garantías Sociales”, fue incorporado al Código Civil. Sin embargo, la nueva Constitución Política de Colombia, proclamada el 4 de julio de 1991 y promulgada el 6 de julio del mismo año, derogó la codificación constitucional anterior. Se entiende que el Título III fue subrogado por el Título II del nuevo texto, denominado “De los Derechos, las Garantías y los Deberes”.

2. Para un mejor entendimiento y una más amplia información sobre los derechos, garantías y deberes consagrados en el Título II de la Constitución Nacional, véanse las siguientes disposiciones de carácter internacional.

– Declaración universal de derechos humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, la cual no está sujeta a aprobación ni ratificación por parte de los Estados miembros de la ONU.

– Pacto internacional de derechos civiles y políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU por medio de la resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966, suscrito por Colombia el 21 de diciembre de 1966, aprobado por la Ley 74 de 1968, depositado el 29 de octubre de 1969 y con vigencia para Colombia desde el 23 de marzo de 1976.

– Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU, por medio de la resolución 2200 a (XXI) del 16 de diciembre de 1966, suscrito por Colombia el 21 de diciembre de 1966, aprobado por la Ley 74 de 1968, depositado el 29 de octubre de 1969 y con vigencia para Colombia desde el 3 de enero de 1976.

– Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica), aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.

– Convención sobre la prevención y la sanción del crimen de genocidio (Ley 28 de 1959.

– Convención sobre los derechos del niño, aprobada por medio de la Ley 12 de 1991.

– Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979, firmada el 17 de julio de 1980 y aprobada por medio de la Ley 51 de 1981.

– Convenio relativo a la protección del niño y a la operación en materia de adopción internacional, suscrito en La Haya, Holanda, el 29 de mayo de 1993, aprobado por medio de la Ley 265, de 25 de enero de 1996.

3. Sobre los derechos constitucionales fundamentales, y los criterios para determinarlos, véase la sentencia de la Corte Constitucional T-02, de mayo 8/1992, Exp. T-644, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.

Capítulo 1
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

DERECHO A LA VIDA

Constitución Nacional

ART. 11.- El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

(Ver Arts. 90, 91; C.N., Art. 2º; C.P., Arts. 101 y ss., 135 y ss.; C. de la I. y la A., Art. 17; L. 74/1968, Art. 6º; L. 16/1972, Art. 4º; L. 28/1959, Arts. 2º y 3º; L. 1361/2009, Art. 4º)

(Ver sentencias Corte Constitucional C-013, enero 23/1997, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo; C-133, marzo 17/1994, M.P.: Antonio Barrera Carbonell; C-239, mayo 20/1997, Exp. D-1490, M.P.: Carlos Gaviria Díaz; C-355, mayo 10 de 2006, Exps. D-6122, D-6123 y D-6124, M.P.: Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández; C-327, junio 22 de 2016, Exp. D-11058, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado)

Image El artículo 2º de la Constitución Nacional consagra, como principio fundamental, los fines del Estado, y señala que “... Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

PROHIBICIÓN DE DESAPARICIONES Y TRATOS CRUELES

Constitución Nacional

ART. 12.- Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(Ver C.P., Arts. 135 y ss.; L. 5ª/1960; L. 16/1972, Art. 5º; L. 74/1968, Art. 7º; L. 70/1986, Arts. 1º y 2º; L. 1361/2009, Art. 4º)

(Ver sentencia Corte Constitucional, C-587, noviembre 12/1992, M.P.: Ciro Angarita Barón; C-355, mayo 10 de 2006, M.P.: Jaime Araújo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández)

IGUALDAD DE LAS PERSONAS

Constitución Nacional

ART. 13.- Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

(Ver sentencias Corte Constitucional, C-104, marzo 11/1993, M.P.: Alejandro Martínez Caballero; C-022, enero 23/1996, M.P.: Carlos Gaviria Díaz; C-337, junio 17/1997, M.P.: Carlos Gaviria Díaz; C-318, junio 30/1998, M.P.: Carlos Gaviria Díaz y C-932, noviembre 8/2007, Exp. D-6794, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra)

Image 1. El artículo 7º del Código Penal (Ley 599 de 2000) consagra la igualdad de las personas frente a la ley penal

2. El artículo 10º del Código Sustantivo del Trabajo establece la igualdad de los trabajadores ante la ley.

DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA

Constitución Nacional

ART. 14.- Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

(Ver Arts. 74, 633; C. de la I. y la A., Art. 25; L. 74/1968, Art. 16; L. 16/1972, Art. 3º)

(Ver sentencias Corte Constitucional T-476, julio 29/1992, Exp. 2069, M.P.: Alejandro Martínez Caballero; C-109, marzo 15/1995, M.P. Dr.: Alejandro Martínez Caballero)

DERECHO A LA INTIMIDAD Y AL BUEN NOMBRE

Constitución Nacional

ART. 15.- Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.

(Ver C.P., Arts. 220 y 221; L. 74/1968, Art. 17; L. 16/1972, Art. 11; L. 906/2004, Arts. 233 a 236; L. 1341/2009, Arts. 70, 71)

(Ver sentencia C.S. de J., octubre 19/1971, G.J., t. CXXXVIII, pág. 423; sentencias Corte Constitucional T-552, octubre 30/1997, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa; T-787, agosto 18/2004, M.P.: Rodrigo Escobar Gil; T-414, junio 16/1992, M.P.: Ciro Angarita Barón; T-611 de 1992, M.P.; José Gregorio Hernández Galindo; T-696 de 1996, M.P.; Fabio Morón Díaz; T-66 de 1998, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-729 de 2002, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett; T-787, agosto 18/2004, M.P.: Rodrigo Escobar Gil; C-748, octubre 6/2011, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)

LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

Constitución Nacional

ART. 16.- Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

(Ver sentencias Corte Constitucional T-067, marzo 5/1998, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; SU-642, noviembre 5/1998, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-542, septiembre 25/1992, M.P.: Alejandro Martínez Caballero; T-420, junio 19/1992, M.P.: Simón Rodríguez Rodríguez; C-221, mayo 5/1994, M.P.: Carlos Gaviria Díaz, entre otras)

PROHIBICIÓN DE LA ESCLAVITUD

Constitución Nacional

ART. 17.- Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas.

(Ver L. 74/1968, Art. 8º; L. 16/1972, Art. 6º; L. 12/1991, Art. 32; L. 51/1991, Art. 1º).

LIBERTAD DE CONCIENCIA

Constitución Nacional

ART. 18.- Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido o revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.

(Ver L. 74/1968, Art. 18; L. 16/1972, Art.12).

(Ver sentencias Corte Constitucional T-409, junio 8/1992, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo; T-388, mayo 28/2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto; SU-108, marzo 3/2016, M.P.: Alberto Rojas Ríos)

LIBERTAD DE CULTOS

Constitución Nacional

ART. 19.- Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.

(Ver C.P., Arts. 201 y ss.; L.E. 133/1994, Arts. 2º, 3º, 4º 15)

Image La Ley 133 de 1994 desarrolla el derecho a la libertad religiosa y de cultos.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

Constitución Nacional

ART. 20.- Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

(Ver L. 16/1972, Arts. 13, 14; L. 104/1993, Arts. 102 y ss.; L. 182/1995, Arts. 29 y 30; L. 365/1996; L. 1266/2008)

(Ver sentencias Corte Constitucional C-425, septiembre 29/1994, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo; C-384, abril 5/2000, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa; T-634, junio 14/2001, M.P.: Jaime Araujo Rentería; C.S. de J., Sala Plena, octubre 13/1970 y marzo 31/1971, G.J., t. CXXXVIII, pág. 141)

Image 1. La responsabilidad de la prensa está consagrada en la Ley 29 de 1944.

2. La libertad de operar y explotar los medios masivos de televisión está consagrada en la Ley 182 de 1995.

3. Por medio de la Ley 1266 de 2008 se dictan disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, especialmente la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, entre otras disposiciones.

DERECHO A LA HONRA

Constitución Nacional

ART. 21.- Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección.

(Ver sentencia Corte Constitucional T-412, junio 17/1992, M.P.: Alejandro Martínez Caballero)

DERECHO A LA PAZ

Constitución Nacional

ART. 22.- La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

(Ver L. 74/1998, Art. 20; L. 434/1998; L. 1424/2010; L. 1448/2010; L. 975/2015; L. 1732/2014)

DERECHO DE PETICIÓN

Constitución Nacional

ART. 23.- Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

(Ver C.P.A.C.A., Ley 1437 de 2011, Título II)

(Ver sentencias Corte Constitucional T-181, mayo 7/1993, M.P.: Hernando Herrera Vergara; T-426, junio 24/1992, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-481, agosto 10/1992, M.P.: Jaime Sanín Greiffenstein; T-098, marzo 7/1994, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-158, marzo 24/1994, M.P.: Hernando Herrera Vergara; T-220, mayo 4/1994, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-575, diciembre 14/1994, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo; T-466, mayo 13/2004, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa; T-345, mayo 4/2006, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa; y T-667, septiembre8/2011, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. También puede verse la sentencia de la Sala Civil de la C.S. de J., septiembre 17/1987)

DERECHO DE CIRCULACIÓN,
LOCOMOCIÓN Y RESIDENCIA

Constitución Nacional

ART. 24.- Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

(Ver C.P., Arts. 180, 189; L. 387/1997, Arts. 1º, 2º; L. 769/2002; L. 1383/2010)

DERECHO AL TRABAJO

Constitución Nacional

ART. 25.- El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

(Ver C.S.T., Arts. 7º y 11; C.P., Arts. 198 y ss.; L. 1010/2006; L. 1309/2009, Art. 5º; L. 1453/2011, Art. 26)

Declaración Universal de los Derechos Humanos

ART. 23.- 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

Código Sustantivo del Trabajo

ART. 9º.- Protección al trabajo.- El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma prevista en la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones.

Código Penal

ART. 198.- Violación de la libertad de trabajo.- El que mediante violencia o maniobra engañosa logre el retiro de operarios o trabajadores de los establecimientos donde laboran, o por los mismos medios perturbe o impida el libre ejercicio de la actividad de cualquier persona, incurrirá en multa.

Si como consecuencia de la conducta descrita en el inciso anterior sobreviniere la suspensión o cesación colectiva del trabajo, la pena se aumentará hasta en una tercera parte, sin sobrepasar las diez (10) unidades multa (sic).

Código Penal

ART. 199.- Sabotaje.- El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, equipos o materias primas, incurrirá en prisión de uno (1) a seis (6) años y multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

Si como consecuencia de la conducta descrita en el inciso anterior sobreviniere la suspensión o cesación colectiva del trabajo, la pena se aumentará hasta en una tercera parte.

Image La pena prevista en el artículo 199 del Código Penal fue aumentada por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en la tercera parte, respecto del mínimo, y en la mitad, respecto del máximo, respetando en todo caso el máximo de la pena privativa de la libertad. El incremento de la pena tiene vigencia a partir del 1º de enero de 2005.

LIBERTAD DE PROFESIÓN O DE OFICIO

Constitución Nacional

ART. 26.- Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.

(Ver C.S.T., Art. 8º)

(Ver sentencia Corte Constitucional, C-377, agosto 25/1994, M.P.: Jorge Arango Mejía)

Código Sustantivo del Trabajo

ART. 8º.- Libertad de trabajo.- Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que se dediquen a la profesión, industria o comercio que les plazca, siendo lícito su ejercicio, sino mediante resolución de autoridad competente encaminada a tutelar los derechos de los trabajadores o de la sociedad, en los casos que se prevean en la ley.

Código Sustantivo del Trabajo

ART. 11.- Derecho al trabajo.- Toda persona tiene derecho al trabajo y goza de libertad para escoger profesión u oficio, dentro de las normas prescritas por la Constitución y la ley.

(Ver D. 196/1971)

LIBERTAD DE ENSEÑANZA

Constitución Nacional

ART. 27.- El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

Image Sobre los alcances de la libertad de cátedra, véase la sentencia de la Corte Constitucional, T-92, de marzo 3/1994, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.

LIBERTAD PERSONAL

Constitución Nacional

ART. 28.- Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

(Ver C.N., Arts. 9, 28, 29, 30, 31, 86, 275; C.P., Arts. 168, 169, 174, 175 a 177, 182, 244; C. de P.P., Arts. 1º y ss., 295, 296)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

Constitución Nacional

ART. 29.- El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

(Ver C.N., Arts. 6º, 26, 28, 29, 34, 91, 92, 124, 213, inc. final, 214-2º-3º, 252; Ley 153 de 1887, Arts. 43 a 45; L. 74/1968, Arts. 15, 16; L. 16/1972, Arts. 8º, 9º)

Código Penal

ART. 6º.- Legalidad.- Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco. La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los condenados.

La analogía sólo se aplicará en materias permisivas.

Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)

ART. 6º.- Legalidad.- Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio.

La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Las disposiciones de este Código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia.

Código General del Proceso

ART. 2º.- Acceso a la justicia.- Toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento injustificado será sancionado.

HÁBEAS CORPUS

Constitución Nacional

ART. 30.- Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Hábeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.

(Ver C.P. art. 275, C.P.P. arts. 432, 433, 434, 436 y 437; L. 1095/2006)

Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)

ART. 5º.- Hábeas corpus.- Quien estuviere ilegalmente privado de su libertad, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas contadas desde el momento de la solicitud y sin tener en cuenta el número de retenidos.

Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)

Código de Procedimiento Penal

ART. 2º.- Libertad.- Modificado, Ley 1142 de 2007, Art. 1º.- Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.

El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada.

En todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.

Image El inciso tercero del artículo 2º del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-163-08, de 20 de febrero de 2008, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, “en el entendido que dentro del término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura, previsto en la norma, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías, o la autoridad judicial competente”.

Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)

ART. 295.- Afirmación de la libertad.- Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional; sólo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales.

Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)

ART. 296.- Finalidad de la restricción de la libertad.- La libertad personal podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena.

Ley 1095 de 2006

ART. 1º.- Definición.- El hábeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.

El hábeas corpus no se suspenderá, aun en los estados de excepción.

PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA

Constitución Nacional

ART. 31.- Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.

Código General del Proceso

ART. 9º. Instancias.- Los procesos tendrán dos instancias a menos que la ley establezca una sola.

Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)

ART. 20.- Doble instancia.- Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este código, serán susceptibles del recurso de apelación.

El superior no podrá agravar la situación del apelante único.

APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA

Constitución Nacional

ART. 32.- El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador.

(Ver C. de P.P., Art. 2º)

(Ver auto C.S. de J., Sala de Casación Penal, diciembre 1/1987; sentencia Corte Constitucional C-24, enero 27/1994, M.P.: Alejandro Martínez Caballero)

Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)

ART. 301.- Flagrancia.- Modificado, Ley 1453 de 2011, Art. 57.- Se entiende que hay flagrancia cuando:

1. La persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito.

2. La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuese señalado por la víctima u otra persona como autor cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración.

3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él.

4. La persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después.

La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo.

5. La persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible.

PAR.- La persona que incurra en las causales anteriores sólo tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 35 de la Ley 906 de 2004.

Image El parágrafo del artículo 301 del Código Penal, modificado por la Ley 1453 de 2011, fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-645, del 23 de agosto de 2012, M.P.: Nilson Pinilla Pinillla, ‘en el entendido de que la disminución en una cuarta parte del beneficio punitivo allí consagrado, debe extenderse a todas las oportunidades procesales en las que es posible al sorprendido en flagrancia allanarse a cargos y suscribir acuerdos con la Fiscalía General de la Nación, respetando los parámetros inicialmente establecidos por el legislador en cada uno de esos eventos’. Así mismo, mediante sentencia C-240-14, de 9 de abril de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo, “ la Corte verificó la aptitud sustancial de la demanda en tanto plantea un cargo relativo a la igualdad de trato, del cual desprende la existencia de una omisión legislativa relativa, y la inexistencia de cosa juzgada constitucional, pues si bien en la Sentencia C-645 de 2012 se declaró la exequibilidad de la misma norma que ahora se demanda, entre otros cargos, por uno de igualdad, la diferencia de trato estuvo relacionada con la aplicación de la norma a diversas etapas del proceso, mientras que la diferencia de trato que ahora se cuestiona tiene que ver con la no aplicación de la norma a los congresistas.’

Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)

ART. 302.- Procedimiento en caso de flagrancia.- Cualquier persona podrá capturar a quien sea sorprendido en flagrancia.

Cuando sea una autoridad la que realice la captura deberá conducir al aprehendido inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia, ante la Fiscalía General de la Nación.

Cuando sea un particular quien realiza la aprehensión deberá conducir al aprehendido en el término de la distancia ante cualquier autoridad de policía. Esta identificará al aprehendido, recibirá un informe detallado de las circunstancias en que se produjo la captura, y pondrá al capturado dentro del mismo plazo a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Si de la información suministrada o recogida aparece que el supuesto delito no comporta detención preventiva, el aprehendido o capturado será liberado por la Fiscalía, imponiéndosele bajo palabra un compromiso de comparecencia cuando sea necesario. De la misma forma se procederá si la captura fuere ilegal.

La Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el informe recibido de la autoridad policiva o del particular que realizó la aprehensión, o con base en los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados, presentará al aprehendido, inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, ante el juez de control de garantías para que este se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la aprehensión y las solicitudes de la Fiscalía, de la defensa y del Ministerio Público.

LIMITACIONES AL DEBER DE DECLARAR

Constitución Nacional

ART. 33.- Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Image La nueva norma constitucional, a diferencia de la anterior, no hace referencia a asuntos criminales o de policía, para efectos de declarar contra sí mismo, contra el cónyuge, compañero o compañera permanente o contra los parientes dentro de los grados allí indicados. Consecuentemente, se entiende que esta garantía ha sido extendida a otros asuntos, no propiamente penales o policivos.

Código de Procedimiento Penal

ART. 283.- Excepción al deber de declarar.- Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Este derecho se le hará saber por el funcionario respectivo a todo imputado que vaya a ser interrogado, y a toda persona que vaya a rendir testimonio.

Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)

ART. 8º.- Defensa.- En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a:

a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad;

b) No auto incriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad;

c) No se utilice el silencio en su contra;

(...)

PROHIBICIÓN DEL DESTIERRO,
CADENA PERPETUA Y CONFISCACIÓN

Constitución Nacional

ART. 34.- Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

No obstante, por sentencia judicial se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social.

(Ver C.P., Arts. 327, 412; L. 793/2002, Arts. 1º, 2º; L. 1708/2014)

Image “... el artículo, teniendo en cuenta la redacción que hicieron los Codificadores, debe quedar así:

ART. 34.- Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social”. (Secretario General, Asamblea Nacional Constituyente 1991, certificación sobre artículos, parágrafos o incisos omitidos en la codificación constitucional de 1991, publicada en la Gaceta 114 del 7 de julio de 1991, expedida en Santa Fe de Bogotá, D.C., 16 de julio de 1991).

PROHIBICIÓN DE LA EXTRADICIÓN

Constitución Nacional

ART. 35.- Modificado, A. L. Nº 1 de 1997, Art. 1º.- “La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la Ley. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. (La Ley reglamentará la materia).

La extradición no procederá por delitos políticos.

No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”.

(Ver C.N., Art. 9; C.P., Art. 18; C. de P.P., Arts. 490 y ss.; L. 1448/2011, Art. 195)

Image La expresión “La Ley reglamentará la materia”, contenida en el artículo 1º del Acto Legislativo No. 1 de 1997, que subrogó el artículo 35 de la Constitución Política de Colombia, y que se encuentra entre paréntesis, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-543, del 1º de octubre de 1998, M.P.: Carlos Gaviria Díaz, con la aclaración de que el legislador no pierde esa facultad constitucional, pues la inexequibilidad ha sido declarada exclusivamente por vicios de forma.

DERECHO DE ASILO

Constitución Nacional

ART. 36.- Se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley.

(Ver Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 14; L. 16/1972, Art. 22)

DERECHOS DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN

Constitución Nacional

ART. 37.- Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.

DERECHO DE ASOCIACIÓN

Constitución Nacional

ART. 38.- Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.

(Ver Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 20; L. 74/1968, Art. 22; L. 16/1972, Art. 16; L. 12/1991, Art. 15; L. 743/2002, Arts. 1º y ss.)

DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL

Constitución Nacional

ART. 39.- Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.

(Ver. C.S.T., Arts. 12 y 353; C.P., Arts. 198 y ss.)

DERECHOS POLÍTICOS

Constitución Nacional

ART. 40.- Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control de poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.

(Ver C.P., Arts. 386 y ss.)

Image 1. Por medio de la Ley 130 de 1994 se expidió el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos.

2. Por medio de la Ley 131 de 1994 fue reglamentado el voto programático y se dictaron otras disposiciones.

3. La Ley 134 de 1994 consagra las normas sobre mecanismos de participación ciudadana.

4. La Ley 137 de 1994 regula los estados de excepción.

5. La Ley Estatutaria 581 de 2000 reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público.

ESTUDIOS CONSTITUCIONALES,
CÍVICOS Y PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS

Constitución Nacional

ART. 41.- En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.

(Ver L. 107/1994, Arts. 1º a 8º; L. 115/1994, Art. 14, L. 1029/2006, Art. 1º; L. 1195/2008, Arts. 1º y ss.; L. 1503/2011, Art. 5 º)

Capítulo 2
DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES

LA FAMILIA

Constitución Nacional

ART. 42.- La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.

Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable.

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.

Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.

Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley.

La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.

(Ver Arts. 113, 115, 117, 160 y ss. 180 y ss., 411 y ss., C.P., Arts. 229 y ss., L. 70/1931, 91/1936, D.L. 1260/1970, Arts. 1º, 2º y 8º; L. 9ª/1989, Art. 60; D.L. 258/1996, L. 25/1992, L. 82/1993; L. 1098/2006; 1361/2009)

(Ver sentencia C.S. de J., Sala de Casación Civil, septiembre 4/1970, G.J., t. CXXXV, pág. 124; sentencias Corte Constitucional T-523, septiembre 18/1992, Exp. 2598. M.P.: Ciro Angarita Barón y T-543, noviembre 23/1995, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo; auto 125 C.S. de J., Sala de Casación Civil, junio 18/2008, Ref. C-0500131100062004-00205-01, M.P.: Jaime Alberto Arrubla Paucar; sentencias Corte Constitucional C-577, de 16 de julio de 2011, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Exps. D-8367 y D-8376 y SU-214-16, de 28 de abril de 2016, M.P.: Alberto Rojas Ríos, Expediente T- 4.167.863 AC)

Image 1. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-577, del 16 de julio de 2011, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Expedientes acumulados D-8367 y D-8376, declaró exequible, por los cargos analizados en esa sentencia, la expresión “un hombre y una mujer”, contenida en el artículo 113 del Código Civil; se declaró inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la expresión “de procrear”, contenida en el artículo 113 del Código Civil, por ineptitud sustantiva de las demandas, así como respecto de la expresión “de un hombre y una mujer” contenida en los artículos 2º de la Ley 294 de 1996 y 2º de la Ley 1361 de 2009, por cuanto estas normas legales reproducen preceptos constitucionales; exhortó al Congreso de la República para que antes del 20 de junio de 2013 legisle, de manera sistemática y organizada, sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección que, según los términos de esta sentencia, afecta a las mencionadas parejas, advirtiendo que si el 20 de junio de 2013 el Congreso de la República no ha expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual.

2. La Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU-214-16, de 28 de abril de 2016, M.P.: Alberto Rojas Ríos, Expediente T- 4.167.863 AC dispuso, entre otros asuntos, extender dicha providencia, con efectos inter pares, a todas las parejas del mismo sexo que, con posterioridad al veinte (20) de junio de 2013: (i) hayan acudido ante los jueces o notarios del país y se les haya negado la celebración de un matrimonio civil, debido a su orientación sexual; (ii) hayan celebrado un contrato para formalizar y solemnizar su vínculo, sin la denominación ni los efectos jurídicos de un matrimonio civil; (iii) habiendo celebrado un matrimonio civil, la Registraduría Nacional del Estado Civil se haya negado a inscribirlo y; (iv) en adelante, formalicen y solemnicen su vínculo mediante matrimonio civil, bien ante Jueces Civiles Municipales, ora ante Notarios Públicos, o ante los servidores públicos que llegaren a hacer sus veces; declarar que los matrimonios civiles celebrados entre parejas del mismo sexo, con posterioridad al veinte (20) de junio de 2013, gozan de plena validez jurídica; declarar que los Jueces de la República, que hasta la fecha de esta providencia han celebrado matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo en Colombia, actuaron en los precisos términos de la Carta Política y en aplicación del principio constitucional de la autonomía judicial, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia; advertir a las autoridades judiciales, a los Notarios Públicos, a los Registradores del Estado Civil del país, y a los servidores públicos que llegaren a hacer sus veces, que el presente fallo de unificación tiene carácter vinculante, con efectos inter pares, en los términos de la parte motiva de esta providencia; y ordenar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que adopten medidas de difusión entre los Jueces, Notarios Públicos y Registradores del Estado Civil del país, el contenido del presente fallo, con el propósito de superar el déficit de protección señalado en la Sentencia C- 577 de 2011, proferida por la Corte Constitucional.

La Corte, ‘(...) con relación a las cuestiones de fondo (…) decidió que los principios de la dignidad humana, la libertad individual y la igualdad implican que todo ser humano pueda contraer matrimonio civil, acorde con su orientación sexual (método de interpretación sistemático). Consideró que celebrar un contrato civil de matrimonio entre parejas del mismo sexo es una manera legítima y válida de materializar los principios y valores constitucionales y una forma de asegurar el goce efectivo del derecho a la dignidad humana, la libertad individual y la igualdad, sin importar cuál sea su orientación sexual o identidad de género (…) que los contratos innominados, mediante los cuales se pretendió solemnizar y formalizar las uniones de personas del mismo sexo, no suplen el déficit de protección identificado en la Sentencia C-577 de 2011. En los términos del artículo 113 del Código Civil, la celebración de un matrimonio civil genera diversos efectos jurídicos personales y patrimoniales, los cuales no se encuentran presentes en un contrato civil innominado, lo cual genera un trato discriminatorio entre las parejas heterosexuales y del mismo sexo”.

3. Por medio de la Ley 1098, de 8 de noviembre de 2006, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia.

4. Por medio de la Ley 1361, del 3 de diciembre de 2009, (D.O. 47.552), “… se crea la Ley de Protección Integral a la Familia”.