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Esta obra colectiva expone una serie de análisis temáticos y casuísticos desde América Latina sobre dos temas de constante desarrollo doctrinal cuya aplicación práctica resulta cada vez más vigente y compleja: la responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos y la gobernanza global y multinivel, con su Impacto en ámbitos tan diversos como las políticas públicas y la cooperación internacional.

Con la experticia de los autores en derecho internacional y constitucional, relaciones internacionales y políticas públicas, se estudian recientes experiencias locales en materia de justicia transicional, lucha contra la criminalidad transnacional, rol de los cuerpos privados de seguridad, incumplimiento de sentencias internacionales y crisis humanitarias.

El segundo eje temático parte de reflexiones recientes sobre la gobernanza multinivel, tos compromisos jurídicos en materia de integración política y económica y las tendencias del nuevo constitucionalismo para estudiar la juridización internacional de las políticas públicas en la región, el impacto de la gobernanza multinivel en la cooperación internacional y en la gobemanza local y las responsabilidades de los Estados frente a escenarios como la ocde y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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Prólogo

La presente obra colectiva presenta una serie de análisis temáticos y casuísticos desde América Latina sobre dos temas de constante desarrollo doctrinal cuya aplicación práctica resulta cada vez más vigente y compleja: la responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos y la gobernanza global y multinivel, con su impacto en escenarios tan diversos como las políticas públicas y la cooperación internacional.

Combinando la experticia de los autores en derecho internacional, relaciones internacionales, derecho constitucional y políticas públicas, la obra aborda casos ejemplarizantes de los más recientes debates coyunturales sobre responsabilidad estatal, políticas públicas y gobernanza multinivel, con conclusiones generalizables para entender la experiencia de la región en la implementación de las dogmáticas propias de estas tres materias.

A través de capítulos inspirados por los debates actuales del derecho internacional en cuanto a responsabilidad del Estado, y de la ciencia política en cuanto a políticas públicas, neoconstitucionalismo y gobernanza multinivel, el libro estudia recientes experiencias locales en materia de justicia transicional, la lucha contra la criminalidad transnacional, el rol de los cuerpos privados de seguridad, el incumplimiento de sentencias internacionales y las crisis humanitarias en la región.

Igualmente, a la luz de las recientes reflexiones sobre el impacto de la gobernanza multinivel, los compromisos jurídicos en materia de integración política y económica y las tendencias del nuevo constitucionalismo, se analizan la juridización internacional de las políticas públicas en la región, el impacto de la gobernanza multinivel en la cooperación internacional y en los compromisos estatales adquiridos frente a escenarios como la OCDE, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su impacto en la gobernanza local.

La obra tiene una estructura multidisciplinar que se refleja también en la variedad de los artículos. Los primeros capítulos (1 a 5) se enfocan, desde perspectivas jurídicas internacionales, en coyunturas regionales y locales relativas a los debates actuales en materia de responsabilidad internacional, mientras que los siguientes (6 a 9) se enfocan, desde una perspectiva teórica apalancada por la ciencia política y las relaciones internacionales, en los nuevos retos que implican para la región las distintas formas de gobernanza multinivel.

La intención de este libro es tanto disciplinar como pedagógica. Los capítulos han sido elaborados de manera que puedan revelar nuevas posturas y reflexiones profundas sobre los temas presentados –las cuales serán de interés para los conocedores–, pero también cuentan con secciones explicativas y doctrinales –que permitirán a estudiantes e iniciados en el tema aprender sobre las temáticas y teorías centrales de la obra, a la par que reconocer sus coyunturas actuales en la región.


Carlos Escobar Uribe
Felipe Higuera Angulo
Walter Arévalo Ramírez

INTRODUCCIÓN
Un estudio multidisciplinar y casuístico de la gobernanza global y la responsabilidad internacional en el escenario latinoamericano


Carlos Escobar Uribe, Felipe Higuera Angulo y Walter Arévalo Ramírez


La gobernanza global y la responsabilidad internacional del Estado son temas que adquieren cada vez más relevancia en el contexto latinoamericano. La presente obra colectiva busca analizar con un enfoque multidisciplinar, desde América Latina y sus experiencias diversas, a partir de desarrollos teóricos y análisis casuísticos, el impacto de la gobernanza global y multinivel sobre los ámbitos jurídicos, las políticas públicas y de cooperación internacional y la responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos, en escenarios como la justicia transicional, las crisis humanitarias, la responsabilidad penal individual y la participación de actores estatales y privados en la seguridad regional y hemisférica.

En el primer capítulo, Carlos Escobar Uribe busca mostrar, desde un debate teórico-práctico, los procesos de juridización de las políticas públicas en América Latina a través de la constitucionalización del derecho. De esta manera plantea un debate sobre el rol de los tribunales constitucionales y su creciente intervención en los procesos de formulación e implementación de las políticas públicas, desde el nivel nacional hasta el nivel local. A partir de las decisiones judiciales se ha construido un nuevo rol del juez, que al intervenir en la protección de derechos termina tomando decisiones sobre procesos de la administración pública. Se ha convertido en un nuevo policy maker, pues a través de las órdenes judiciales obliga a la formulación de políticas públicas que garanticen el cumplimiento y la protección de los derechos defendidos por la acción judicial. Esto ha generado tensiones entre los poderes públicos, pues en el ámbito de las decisiones judiciales se ha eliminado la línea entre la defensa de derechos y la construcción de políticas. Escobar plantea los elementos teóricos fundamentales para definir y analizar esa relación entre derecho y política pública, presentando diversas perspectivas analíticas, tanto críticas como complementarias, sobre la incidencia de la garantía de derechos en la formulación de políticas públicas a partir de decisiones judiciales. Tal incidencia ha llevado a un cuestionamiento sobre la división de poderes y la acción del Estado, que invita a evaluar la legitimidad de las acciones de los tribunales constitucionales en la medida en que intervienen en los procesos de toma de decisión en el ámbito de lo público.

El debate se plantea a la luz de la teoría de la decisión judicial para analizar la intervención en la formulación de la política pública del Estado, lo que permite ver los resultados de la práctica judicial: el (neo)constitucionalismo interviene como vínculo entre el derecho y la política pública, los cambios y mutaciones que ambos sufren a consecuencia de las realidades globales –tanto teóricas como prácticas– que afectan los ámbitos locales, así como la cesión de poder por parte del Estado, para entender el rol de los jueces constitucionales y las razones por las cuales las políticas públicas son escenarios que permiten la garantía de los derechos sociales. El texto aboga por la democratización de los procesos de políticas públicas, pero resaltando que la juridización es institucionalización y que permite el diálogo social y la gobernanza a partir de la articulación entre actores sociales y poderes públicos del Estado.

En el segundo capítulo, Felipe Higuera Angulo introduce la discusión sobre la presencia o ausencia de posibilidades de trabajo conjunto entre los actores del sistema internacional a través de las diferentes teorías de las relaciones internacionales. El institucionalismo neoliberal ha planteado que es posible desarrollar acciones de cooperación entre los Estados a partir de la construcción de regímenes, instituciones y organizaciones internacionales, en un sistema de autoayuda.

El centro de la cooperación entre los Estados ha sido el desarrollo, enfocado en el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza. Sin embargo, las condiciones de la ayuda internacional han estado mediadas por los intereses políticos y económicos de los países donantes en el sistema internacional, los que definen el tipo de desarrollo que deben alcanzar los países receptores. Así, la relación entre donantes y receptores y la definición de modelos de desarrollo han fortalecido las ventajas comerciales y políticas de los primeros.

El autor considera la gobernanza global como una categoría que facilita la coordinación de políticas en la cooperación internacional para enfrentar problemas globales, y a la vez como una forma de normalización de conductas y consolidación de la gubernamentalidad en el sistema internacional. Explora la teoría del institucionalismo neoliberal con el objetivo de plantear sus principales categorías analíticas y definir así las posibilidades de una cooperación internacional que promueva la acción conjunta de los actores internacionales y el ajuste de sus intereses para dar soluciones a problemas comunes. Así, la cooperación internacional se presenta como concepto fundamental de las relaciones internacionales; a partir de sus principales características se establece la relación con el concepto de desarrollo, se analiza el vínculo entre donante y receptor y se definen modelos de desarrollo que potencian las ventajas comerciales y políticas de los donantes.

Por último, Higuera plantea que a la luz de la gobernanza global se evidencia cómo se consolidan los procesos de cooperación internacional entre diversos actores internacionales, enfocándose no solo en el desarrollo económico, sino también en la solución conjunta de problemas globales y la gubernamentalidad en el sistema internacional. Concluye que la promoción y el fortalecimiento del desarrollo, principalmente económico, han sido el centro de los procesos de cooperación internacional; si bien ha habido interés en la reducción y eliminación de la pobreza, también lo ha habido en la consolidación de los intereses comerciales y políticos de los Estados donantes, frente a las necesidades e intereses de los Estados receptores. Las posibilidades de la cooperación internacional están mediadas por intereses individuales que someten la toma de decisiones a procesos de normalización, y no a la coordinación de políticas en favor de los países en vías de desarrollo, lo que permite la consolidación de los intereses políticos y comerciales de los países desarrollados.

En el tercer capítulo, Walter Arévalo y Laura Victoria García analizan el papel del sistema de comercio internacional en los procesos de gobernanza global, especialmente a través del objetivo 8 del Milenio, para verificar sus aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las metas post 2015 y la agenda 2030, en cuanto a defensa de los derechos humanos y promoción de la cooperación internacional. Según los autores, el propósito de resolver los problemas internacionales en la distribución de beneficios y fortalecer las capacidades de desarrollo podrá alcanzarse mediante la gestión y vigilancia internacionales de los sistemas financieros, monetarios y comerciales, de manera que cumplan con los principios de equidad, respeto a las normas y no discriminación necesarios para el desarrollo sostenible. Arévalo y García se proponen presentar un balance de la actuación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como agente para la promoción del desarrollo, a fin de analizar si ha contribuido de manera eficaz al crecimiento económico y la generación de empleo, condiciones para la superación de las brechas entre los países desarrollados y los menos desarrollados. Así lo plantean el objetivo 8 del Milenio en su agenda hasta 2015 y post 2015 y las contribuciones de este objetivo a la llamada agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los autores concluyen que la OMC se ha consolidado como escenario de discusión, no solo sobre desarrollo sino también sobre derechos humanos; de allí su relación con los Objetivos del Milenio y la búsqueda del desarrollo, pues debe contribuir a reequilibrar las relaciones comerciales internacionales con todas sus implicaciones y a solventar la resistencia de los países, tanto desarrollados como en desarrollo, a aceptar medidas económicas que puedan afectar sus intereses locales e internacionales. Por último, proponen la necesidad de avanzar en la consolidación de los siguientes puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 1) hacer realidad el principio de igualdad material por encima de la igualdad formal, concibiendo un trato especial y diferenciado hacia la equidad; 2) alcanzar el equilibrio en los acuerdos sobre comercio de productos agrícolas, ámbito en el cual la OMC debe tomar medidas más contundentes sobre seguridad alimentaria –reconociendo las diferencias entre agricultura comercial y agricultura de subsistencia– y eliminación de las subvenciones agrícolas en los países desarrollados; y 3) concretar acuerdos para estimular y asegurar la movilidad en el comercio de servicios, tanto calificados como no calificados.

En el cuarto capítulo, Daniel Hernández busca establecer algunas correlaciones entre la responsabilidad internacional asumida por el Estado colombiano en virtud de su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la necesidad de introducir al sistema de administración pública –en arenas regionales y locales– reformas basadas en los conceptos de gobernanza pública y gobernanza multinivel. Para ello, describe de manera general algunos de los procedimientos del mecanismo de adhesión a la OCDE que deben surtir los Estados que aspiran a ser miembros permanentes, haciendo hincapié en las particularidades del caso colombiano. De igual manera, revisa el itinerario seguido por Colombia para cumplir con los requisitos y sugerencias elevados por el Comité de Gobernanza Pública. Esto lo lleva a profundizar en algunas de las reformas administrativas desarrolladas durante los ocho años de la presidencia de Juan Manuel Santos Calderón, las cuales buscaron modernizar y enriquecer los mecanismos de articulación y coordinación entre los niveles descentralizados del gobierno y el nivel nacional.

Finalmente, el texto intenta algunas reflexiones en torno a la comprensión tanto de los mecanismos de adhesión de los Estados a organizaciones internacionales como de los compromisos establecidos para tal fin, en tanto manifestaciones de lo que la literatura ha llamado soft law. También reitera el rol transversal que este tipo de compromisos juegan, no solamente como mecanismos de legitimación de los Estados ante el sistema internacional por cuenta del desarrollo de “buenas prácticas”, sino como una ventana de oportunidad para fortalecer procesos democratizantes en los ámbitos local y regional, en los que la mayoría de los atributos y funciones esenciales de los Estados frente a la emergencia de nuevas formas de ciudadanía parecen concepciones lejanas y totalmente abstractas.

En el quinto capítulo, Walter Arévalo y Veronika Hölker analizan en qué medida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia constituye un precedente novedoso en materia de justicia transicional, a la luz de las experiencias de tensión entre los instrumentos de gobernanza global –como los tribunales penales internacionales– y los desarrollos locales de justicia transicional en caso de conflictos armados internos. El análisis considera las experiencias internacionales en la materia y la tensa relación teórica entre los modelos de justicia transicional y la justicia penal internacional, reflejada en el Estatuto de Roma. Los autores evalúan la relación de la JEP con los mandatos actuales del derecho penal internacional, concentrado en la Corte Penal Internacional (CPI) y el Estatuto de Roma, teniendo en cuenta las obligaciones vinculantes que estos generan para Colombia y la pregunta sobre si la nueva jurisdicción podrá o no reflejar esos estándares, pregunta que ha obtenido respuestas controversiales de órganos tan diversos como la Corte Constitucional de Colombia y la Fiscalía de la CPI.

Continuando con estudios de caso sobre las nuevas fuentes de responsabilidad internacional del Estado, en el sexto capítulo Mario Urueña analiza la redefinición de la responsabilidad estatal a partir de la interacción con las compañías militares y de seguridad privada (CMSP). También estudia el rol de estas como nuevas formas alternas de ejercicio y delegación de funciones estatales clásicas que han sido entregadas a actores privados bajo lógicas neoliberales pero que impactan la responsabilidad internacional de los Estados. Considerando el auge, la consolidación y la decadencia de las CMSP angloamericanas, Urueña estudia las diversas vías de atribución de responsabilidad a los actores participantes en distintos tipos de conflictos, así como los desarrollos doctrinales para el análisis de sus conductas.

En esa misma línea de seguridad internacional, responsabilidad internacional del Estado y responsabilidad internacional penal del individuo, en el capítulo séptimo Sebastián Correa Cruz presenta una visión panorámica sobre la obligación que tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de remitir situaciones a la Corte Penal Internacional y los parámetros legales del ejercicio de la competencia de este tribunal en relación con el Consejo de Seguridad, según lo dispuesto en el capítulo VII de la Carta de la ONU. Posteriormente, el autor muestra los desafíos involucrados y concluye con el planteamiento de mecanismos que permitan hacer seguimiento a las remisiones del Consejo a la CPI.

En el octavo capítulo, ampliando el debate anteriormente planteado sobre responsabilidad internacional del Estado y derecho penal internacional a las fronteras del derecho internacional de los derechos humanos y los tribunales regionales en la materia –especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, María Eugenia Goya y Ada I. Sánchez Echevarría abordan la cuestión de la responsabilidad del Estado por incumplimiento de sentencias de tribunales internacionales de derechos humanos. Se aproximan a este problema desde la coyuntura de la responsabilidad del Estado argentino por el incumplimiento de una parte de la sentencia Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2011. A la luz de este caso jurisprudencial, las autoras estudian las consecuencias de la negativa de un tribunal superior nacional a ejecutar las medidas ordenadas por un tribunal internacional que implican la revocación de una sentencia con efectos de cosa juzgada en el derecho interno.

En el noveno capítulo, como cierre, Valeria Garbin Manfredini presenta un estudio de caso sobre la situación actual de Venezuela en materia de gobernanza local y crisis humanitaria. El documento correlaciona las políticas del gobierno venezolano con las circunstancias humanitarias de la población y explica las causas de la actual situación económica y social, que sido caracterizada como crisis humanitaria. Con esta contextualización, la autora procede a establecer una conexión entre la crisis y sus causas, el concepto de responsabilidad del Estado y las herramientas propias de la teoría de la responsabilidad de proteger en manos de la comunidad internacional.