Introducción

Durante cuatro siglos, las obras de drenaje, evacuación de aguas negras y pluviales, así como las infraestructuras de trasvase de agua para abastecer la metrópoli modificaron la condición natural cerrada de la cuenca del Valle de México y, en su lugar, crearon artificialmente una articulación regional de cuatro cuencas hidrológicas. Las necesidades de agua y de drenaje de uno de los mayores fenómenos urbanos del mundo vincularon las cuencas del Valle de México, Alto Lerma, Cutzamala y Tula en un ciclo urbano del agua de gran magnitud e impactos regionales. El territorio que responde a esta articulación hidráulica de cuatro cuencas ha sido denominado región hidropolitana (Perló y González, 2005) y se extiende sobre el territorio de la Ciudad de México y parte de los estados de México, Michoacán e Hidalgo. Su dinámica ha dependido históricamente del desarrollo urbano de la Ciudad de México y desde mediados del siglo xx, de la Zona Metropolitana del Valle de México (zmvm). Está integrada por una extensa infraestructura que liga las zonas de captación, conducción y tratamiento, así como las zonas de distribución del agua en bloque y de reutilización de aguas negras. Destaca el hecho de que al vincular a las poblaciones que habitan y trabajan en dichas zonas, los trasvases establecen una relación de facto que muchas veces no es visualizada hasta que un conflicto la convierte en acontecimiento público.

La escala de la infraestructura hidropolitana de abastecimiento de agua y evacuación del drenaje para la zmvm rebasa la percepción de los individuos y las facultades de los gobiernos municipales, estatales y de la Ciudad de México. Sólo se la puede percibir mediante una representación verbal, textual o cartográfica, ya que es imposible ver o señalar el sistema hidropolitano en su conjunto, como podría señalarse un objeto de escala menor o, incluso, un objeto de escala regional, pero visible en el paisaje, como por ejemplo una montaña o un río.

Si bien la literatura sobre los problemas de gestión del agua en la Ciudad de México es abundante, los abordajes sobre la escala regional de este ciclo urbano del agua y sus desafíos políticos, culturales, sociales y ambientales son escasos.1 En el debate actual sobre la gestión del agua en la Ciudad de México predominan temas de administración pública, ciencia política, propuestas de alternativas de manejo sustentable, desafíos financieros, análisis de movimientos sociales y recientemente de derechos humanos. En la mayoría de los estudios y planes se constata un abordaje tangencial y un contexto regional, pero el análisis suele focalizarse en los límites político-administrativos de la hoy Ciudad de México.

No es mi intención hacer un estado de la cuestión exhaustivo; sin embargo, me parece indispensable señalar someramente los principales ejes del debate contemporáneo en el cual se inscribe este libro. Como punto de partida, a escala del Valle de México y sobre los problemas que enfrenta la capital para abastecerse de agua, destaca un puñado de esfuerzos multidisciplinarios por entender de manera comprehensiva la disponibilidad de agua, el manejo del recurso, la operación de la infraestructura y la gestión de los servicios de agua potable y drenaje en la Ciudad de México (Ezcurra et al., 2006; Guerrero, Moreno y Garduño, 1982; Herrera y Dumars, 1995; Jiménez, Mazari, Domínguez y Cifuentes, 2004; Sistema de Aguas de la Ciudad de México –Sacmex–, 2012).

Tomando en consideración las investigaciones y los estudios generados en los últimos quince años, es decir, a partir del año 2000, identifico seis grandes conjuntos de obras que debaten entre sí. La primera es una serie de documentos que efectúan análisis institucionales con la finalidad de proponer reformas y acciones orientadas a mejorar la gestión del agua en la Ciudad de México (Banco Mundial, 2013; Banco Interamericano de Desarrollo –bid–, 2012; Gómez, 2013; González, 2004; González, Jiménez, Gutiérrez y Marañon, 2011; Pizano y Alcázar, 2013; Red del Agua unam, 2013; Sacmex, 2012; Sosa, 2011; Valdovinos, 2011).

Hay investigaciones enfocadas a analizar las relaciones intergubernamentales y la cooperación en la gestión de este recurso (Aguilar, 2014; Alba, 2015) y un innovador enfoque sobre gestión del metabolismo urbano (Delgado, 2014b). En este conjunto de documentos se encuentra un posicionamiento alternativo en el cual se plantea un nuevo paradigma y nuevas formas de gestión (Burns, 2009; Legorreta, 2006 y 2008).

La segunda vertiente de este debate lo constituyen los documentos dedicados a estudiar los aspectos financieros y tarifarios del servicio de agua potable (Banco Mundial, 2013; Marañón, 2003; Soto, 2007), así como la participación de las empresas privadas en la gestión del servicio de agua potable (Barkin, 2006; Barkin y Klooster, 2006; Díaz, 2012; Martínez, 2002; Pierce, 2012; Zentella, 2000). Llama la atención un ejercicio de estimación de la inversión histórica en la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México (Rosales, 2014).

En tercer lugar destaca una línea de estudios en los cuales se abordan desde distintas disciplinas científicas –y en algunos casos desde la historia– los problemas de la disponibilidad o la calidad del agua de algún acuífero o cuerpo de agua superficial (Aguirre, 2010; Antón y Díaz, 2002; Legorreta, 2010; Maderey y Jiménez, 2001; Terrones, 2004). Otra línea de investigación se relaciona con los impactos del cambio climático en los sistemas socioambientales relacionados con la Ciudad de México (Delgado, 2014b; Escolero, Martínez, Kralisch y Perevochtchikova, 2009; Romero, 2010; Sosa, 2010).

En cuarto lugar, desde la ecología política y otros enfoques de sociología y ciencia política hay estudios que han abordado los conflictos, los movimientos sociales y la construcción de nuevas ciudadanías relacionadas con el acceso al agua en esta metrópoli (Alba y Amaya, 2014; Ávila, 2002; Cabestany, 2013; Cabral y Ávila, 2013; Castro, 2004; Gómez, 2014; González, 2012). Existen algunos estudios sobre los procesos participativos en el rescate de ríos en la capital como el Magdalena (González, Hernández, Perló y Zamora, 2010; Zamora, 2013) y recientemente han comenzado a aparecer documentos y evaluaciones relacionadas con la implementación del derecho humano al agua en la Ciudad de México (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal –cdhdf–, 2009; Domínguez, 2015; González et al., 2011; Mecanismo de Seguridad y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2016; Rodríguez, 2015).

La quinta vertiente es una amplia gama de estudios de caso cuya escala es menor a la de la Ciudad de México, los cuales se focalizan en la problemática de una delegación, una colonia o una zona de la ciudad (Álvarez, 2010; Aréchiga, 2004; Burns, 2011; Cruz, 2012; Navarro, 2015; Quiñones, 2011; Ramos, 2005; Torregrosa, Arteaga y Kloster, 2004). Por su relación especial con el agua, predominan los estudios de caso de Xochimilco e Iztapalapa. Destacan investigaciones de la memoria, la tradición y la identidad de algunas zonas de la ciudad, así como los pueblos del sur de la cuenca (Canabal y Narchi, 2014; López de la Rosa, 2010; Martínez, 2009; Terrones, 2004).

La sexta vertiente que identifico en la literatura sobre las políticas y gestión del agua en la Ciudad de México reúne las publicaciones que abordan como tema central la dimensión regional del abastecimiento de agua a la zmvm. Aún son escasos los estudios que abordan la relación territorial y sociopolítica entre la zmvm y las zonas de captación a través de los trasvases (Alba, 2007; Banco Mundial, 2015; Burns, 2009; Cirelli, 1997; Cirelli, 2004; González, 2012a; Jiménez, Sieb y Cifuentes, 2005; Legorreta, 2006; Peña, 1994; Perló y González, 2005; Peña, 2011; Torres, 2014).2 Respecto al movimiento mazahua se ha abierto una línea que desde la antropología y la sociología efectúa análisis políticos y etnográficos de este movimiento y su base social (Cabral y Ávila, 2013; Gómez, 2009 y 2014; Gómez Reyes, 2008 y 2011; Tirel, 2013).

Es conveniente enmarcar el análisis de la dimensión regional del manejo del agua por y para la Ciudad de México en el debate nacional sobre la gobernanza del agua en el cual se abordan las estructuras institucionales y las normas escritas y no escritas que rigen al sector agua. Es un campo de estudios en el que buena parte del debate es la conceptualización de la gobernanza y la gobernabilidad (Castro, 2007; Domínguez, 2012; Murillo, 2012; Musseta, 2009; oecd, 2013; Pacheco-Vega, 2015b; Porras, 2012; Vargas, Mollard y Guitrón, 2012; Varios, 2012). Desde la perspectiva de quien esto escribe, la gobernanza es un discurso axiológico –como el de la sustentabilidad o el de la competitividad– que más que describir una situación concreta o explicarla, define el sentido de la acción pública y orienta la acción colectiva.

La gobernanza no define el sentido del desarrollo, sino un mecanismo para llevarlo a cabo.3 En ciertos casos se trata de una aspiración o promesa de cambio en la forma de gobernar (Bassols y Mendoza, 2011, p. 10). Puede ser, idealmente, el mecanismo de definición de sus metas y líneas de acción (Aguilar, 2006) o un nuevo mecanismo para legitimar las decisiones tomadas por las nuevas elites económicas, políticas y burocráticas (González, 2015, p. 105). Quisiera poner especial énfasis en señalar la limitación de origen que tiene la gobernanza del agua definida como un nuevo esquema participativo de política sectorial, cuando en realidad los problemas actuales de manejo del agua obligan a los gobiernos a tener una visión integral y una acción intersectorial.

Un concepto útil en el debate sobre la gobernanza es el de los procesos de reescalamiento (Pacheco-Vega, 2015), el cual alude a la transformación de las escalas de gobernanza, es decir, de cómo una problemática determinada requiere ser abordada inicialmente en una localidad, posteriormente en un municipio y según se avanza en la complejidad y en la expansión urbana, se comienzan a formular respuestas coordinadas entre municipios a una escala metropolitana. Ascender de una jurisdiccionalidad a otra más amplia o superior tiene implicaciones y desafíos institucionales que nunca están resueltos de antemano. Una situación especial de estos procesos ocurre cuando el reescalamiento ocurre entre una unidad político-administrativa hacia una unidad territorial biofísica para la cual no existe autoridad electa, como puede ser una cuenca hidrológica o un bosque comunitario (Pacheco-Vega, 2014b, p. 108).

En el caso que nos ocupa, el proceso de reescalamiento asciende un paso más, pues la problemática no se queda en el nivel de cuenca –suficientemente complejo–, sino a otro nivel que es la relación entre cuatro cuencas. En general, esta nueva escala, no conceptualizada legalmente, surge cada vez que se construye una infraestructura de trasvase que comunica dos cuencas en cualquier lugar del país. Para Pacheco-Vega, el problema de fondo consiste en que el reescalamiento puede ocurrir de manera natural, emergente, o de manera forzada, jerárquica y vertical (Pacheco-Vega, 2014b, p. 110).

La región hidropolitana no es un recorte de una sola escala. La relación entre las localidades y las áreas de cuenca y subcuenca o los acuíferos subterráneos ocurre en diferentes escalas. La cantidad, diversidad y heterogeneidad de actores sociales, con distintas posibilidades de ejercer poder, así como de actividades productivas (del sector terciario, secundario e inclusive del primario) articuladas por los flujos de agua, es enorme y se presenta en escalas diferentes. Este conjunto de relaciones constituye un campo geopolítico, es decir, una estructura de relaciones o fuerzas y, al mismo tiempo, un conjunto de luchas para conservar o transformar dicha estructura de relaciones, en este caso territoriales (Bourdieu y Wacquant, 1992, pp. 77-78). El conjunto de relaciones que constituyen el campo geopolítico está definido a escala hidropolitana, pues su territorialidad no se limita a los recursos inscritos dentro de las unidades político-administrativas que conforman la capital, la Zona Metropolitana del Valle de México, la cuenca o inclusive la megalópolis, sino que el fenómeno articulado históricamente por los trasvases de aguas residuales, pluviales y crudas o potables tiene su propia espacialidad definida por las infraestructuras que articulan las cuencas y acuíferos con la metrópoli.

Aunque los agentes de este campo geopolítico no necesariamente efectúan interacciones constantes entre sí, están comunicados y establecen espacios de interacción. Respecto a las poblaciones vinculadas por las infraestructuras de trasvase, sin conocerse personalmente, los usuarios del agua potable en la Ciudad de México y su zona conurbada tienen relación entre sí como consumidores, pero también con los habitantes y productores de las zonas de donde se extrae el agua. Ello implica una estructura de relaciones objetivas, a pesar de no existir interacciones. Esto plantea el problema de que la apropiación que diversos usuarios locales y lejanos hacen del agua de un acuífero subterráneo o de los cuerpos de agua superficiales en una cuenca, genera de facto un bien común hídrico (Ostrom, 1990). Se establece así una relación material entre usuarios que no necesariamente es visibilizada, conocida, medida o monitoreada. Puede ignorarse u omitirse a pesar de existir como relación físico-espacial.

Un segundo nivel consistiría en la toma de conciencia por parte de los usuarios de que están vinculados por la utilización de un recurso que los une en un destino aproximadamente común. Esa toma de conciencia puede llevar o no al conocimiento de ese bien común hídrico y a la elaboración conjunta de principios, reglas, criterios de uso y de castigos para quienes no los respeten (Ostrom, 1990). Esta necesidad organizativa y de vigilancia y regulación puede dar origen a una autoridad y a una forma específica de arreglo institucional y de participación de usuarios y organizaciones sociales que convergen en la protección y uso normado del recurso en cuestión.4

En el ámbito internacional, entre los estudios sobre las instituciones y los recursos de uso común, el enfoque de Elinor Ostrom aportó una novedosa y estimulante perspectiva teórica que ha valorizado las formas organizativas de comunidades principalmente rurales y los arreglos institucionales de pequeña escala que permiten cierta iniciativa y autonomía en los actores sociales para regular la explotación de determinados bienes colectivos. Aunque la escala regional de una de las zonas metropolitanas más extensas y pobladas del planeta excede por mucho la escala para la cual surgieron las reflexiones de los trabajos de Ostrom, su planteamiento conceptual y sus preguntas fundamentales son de gran utilidad para pensar los bienes de uso común a una escala como la región hidropolitana. La valiosa aportación teórica de Ostrom deberá adaptarse con cautela, iniciando con un escalamiento de dicho modelo a una dimensión en la que la complejidad institucional, la imbricación de escalas y la yuxtaposición de infraestructura dan origen a problemáticas cualitativamente distintas a aquellas para las cuales esa teoría fue creada.

Este libro inicia con una panorámica de cuatro siglos de obras hidráulicas que configuran la actual relación hidráulica que existe entre las cuatro cuencas hidrológicas. Una vez realizado esto, se revisan algunos documentos relevantes producidos por los ingenieros que formularon la solución en términos de trasvases entre 1951 y 1969. Para ilustrar el discurso de poder de la burocracia hidráulica se analiza el geosímbolo, el Cárcamo del Lerma, realizado en 1951. Finalmente se concentra en un momento altamente conflictivo, la demanda del gobierno del Estado de México por los efectos del Sistema Lerma (2004) y el movimiento mazahua por los daños ocasionados por el Sistema Cutzamala (2004).

Cada capítulo aborda situaciones específicas –instantes en el proceso de larga duración que queda como escenario de fondo– en las cuales se justificó y mitificó, y otras en las que se cuestionó radicalmente la forma de resolver las necesidades de agua y de saneamiento de la capital del país y su zona conurbada. Son instantes separados entre sí, pero que conciben positiva o negativamente la estrategia territorial hidráulica de una de las metrópolis más grandes del mundo.5

En el primer capítulo se hace un recuento de las obras que transformaron la condición cerrada y lacustre de la cuenca donde se asienta y se expande la Ciudad de México, desde el Tajo de Nochistongo en 1607 hasta el Túnel Emisor Oriente en la actualidad. La intención no fue narrar o analizar la historia de cada obra, que distintos autores han realizado de manera espléndida (Connolly, 1997; ddf, 1951; ddf, 1975; Marroquín y Rivera, 1914; Musset, 1991; Perló, 1989; Pineda, 2000; sarh, 1987), sino presentar una visión somera, pero de conjunto, que brinde una idea del escalamiento regional que ha implicado resolver los problemas de agua potable y de drenaje de esta metrópoli.

En el segundo y tercer capítulos se aborda una comparecencia del primer secretario de Recursos Hidráulicos ante el Congreso de la Unión y un mural de Diego Rivera en la infraestructura a donde llegan las aguas del Sistema Lerma, ambos efectuados a principios de la década de 1950. También se abordan dos documentos de planeación hidráulica realizados a mediados y finales de la década de 1960. Elegí estos documentos y el mural como momentos relevantes que ilustran el pensamiento, los criterios y valores de una burocracia hidráulica, en la época de oro de la gran hidráulica y el modelo srh –como lo llama Luis Aboites (2009)–, sin ignorar que una cosa es la autorrepresentación de los propios actores y otra muy diferente es la compleja y contradictoria realidad que no responde a ningún ideal ni a una evolución unilineal.

En los capítulos cuarto y quinto abordo respectivamente un conflicto gubernamental, formulado a través de una disputa legal iniciada por el gobernador del Estado de México, así como una movilización de una comunidad mazahua detonada por daño a sus cultivos, la cual escaló al ámbito mediático hasta convertirse en un cuestionamiento a la política hidráulica nacional. Ambos conflictos se desarrollaron a comienzos de la década de 2000.

En las siguientes páginas se observa cómo cada representación es una apuesta ofensiva o defensiva en la que está en juego el futuro de un agente (burocrático o social) y su relación con el territorio y el control del acceso al agua. En este libro no se concibe a las representaciones del territorio como reflejos que pretenden ser un doble del mismo, sino como representaciones-herramienta, utilizadas con fines estratégicos implícitos, legibles, descifrables en el contexto del campo social que las produce y les otorga su credibilidad, su condición de representación verosímil.

Las distintas piezas oratorias y los textos impresos recopilados y analizados en este libro hacen referencia a tres formaciones discursivas, cada una de las cuales articula una serie de significados de la sociedad, el territorio y el agua. Una formación discursiva es un sentido común, investido de autoridad por una institución, que se presenta como una visión del mundo que expresa, justifica, mistifica y legitima una determinada relación de poder (Foucault, 1971; Wodak y Meyer, 2003). Así, a las tres formaciones discursivas que dan soporte a los posicionamientos y pronunciamientos que acompañan las acciones materiales estratégicas del territorio en el campo geopolítico estudiado las he denominado: Tláloc, altépetl y sustentable.

A la primera formación discursiva la nombré Tláloc porque la propia burocracia hidráulica ha adoptado a esta deidad mexica como su símbolo (Colín, 1964). El discurso es el que acompaña, justifica y da sentido al desarrollo y la modernización del país. Es el discurso nacionalista que desde la segunda década del siglo xx propone la construcción de obras de irrigación y de abastecimiento de agua para las ciudades, corredores y parques industriales (sarh, 1976).

A la segunda formación discursiva la denominé altépetl porque es la reivindicación de la propiedad originaria de la tierra, el agua, los pastos y los bosques de las comunidades indígenas para defenderse de un despojo consumado o potencial. Este vocablo náhuatl significa literalmente atl, agua y tepetl, cerro, que es la manera como se referían a un pueblo o poblado. Retomo el concepto como lo definió el historiador Federico Fernández Christlieb, es decir, como un asentamiento poblacional indígena arraigado a una unidad ambiental vertebrada por cuerpos de agua (Fernández, 2003, p. 74).

La tercera formación discursiva se originó en el campo internacional de las políticas del agua y en cierto sector de la burocracia federal con presencia en ese campo. Es el discurso sustentable o de gestión integral de los recursos hídricos. Es una formación discursiva tecnocrática, pues plantea que la aplicación del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico permitirán un manejo más adecuado del agua.6 La formación discursiva sustentable es un discurso de uso eficiente, de administración de la demanda, de autosuficiencia financiera y de resolución de los conflictos sociales.

Las tres formaciones discursivas mencionadas son tipos ideales que se encuentran en los posicionamientos de los agentes que disputan la apropiación simbólica y material del agua que circula y se desplaza en el territorio hidráulico regional que abastece de agua a la zmvm y evacúa sus aguas residuales y pluviales.

En el capítulo 1, las visiones parciales en términos geográficos y de gestión que tienen los agentes burocráticos y políticos de los gobiernos de la actual Ciudad de México y del Estado de México fueron unificadas en una sola. Para ello se planteó como unidad a la región hidropolitana, es decir, al conjunto de cuatro cuencas hidrológicas vinculadas por la infraestructura hidráulica de trasvases por y para la zmvm. Esta delimitación territorial permite comprender los conflictos y rivalidades en los procesos de apropiación del agua a escala regional; sin embargo, es preciso reconocer que esta espacialidad no corresponde a ninguna realidad reconocida institucionalmente.7 Se trata de un planteamiento heurístico para entender el campo geopolítico en su conjunto.

Es conveniente señalar que en la caracterización que se presenta en el capítulo 1 se utilizan fuentes de información gubernamentales debido a que a esta escala no hay organizaciones sociales ni académicas que generen permanentemente datos nuevos de la infraestructura hidráulica. Los reportes realizados por organizaciones no gubernamentales, así como por investigadores retoman en su mayoría la información producida por la Conagua y los organismos operadores y a partir de ella plantean interpretaciones innovadoras o críticas. De manera excepcional hay algunos estudios que efectuaron mediciones puntuales y aportan datos específicos diferentes de los datos gubernamentales. Estos también son recuperados en la caracterización de la región estudiada.

En el capítulo 2 se señala cómo desde la segunda década del siglo xx, el Estado mexicano impulsó y consolidó un control del espacio y de sus recursos, para construir el territorio nacional. Uno de sus criterios fue la “armonización hidráulica” para garantizar que hubiera agua en los núcleos de población y producción (agrícola e industrial). Este proyecto unió las acciones de varias generaciones de ingenieros de Estado. Así, desde la formación discursiva nacionalista se representó al territorio como un espacio investido de la cualidad de bien de la nación, a partir del cual se emprendió un proceso de apropiación federal, es decir, la burocracia ejerció acciones legítimas que transformaron físicamente el territorio. De este modo se desplegó la geografía de un poder federal que, en circunstancias históricas específicas, captó el agua de la nación en algunos sitios y la desplazó hacia la capital del país, para tratar de resolver un problema estratégico nacional.

El capítulo 2 intenta aprehender desde distintos ángulos lo que varios autores denominaron como cultura ingenieril o paradigma de la obra hidráulica (Perló, 1989; Legorreta, 1997; Rinaudo y Barraqué, 2015), que es el discurso y su sistema de significados desde el cual se formula el problema y se plantea una solución mediante infraestructura. De esta manera, al citar las reflexiones de los ingenieros que ocuparon altos puestos como servidores públicos en el sector hidráulico, al describir la narrativa plasmada en un mural, al revisar los criterios mediante los cuales se compararon los proyectos de trasvase, lo que se intenta es ilustrar un discurso, un complejo cultural dominante en el sector.

El capítulo 3 es complementario a este y presenta el análisis discursivo del mural sumergido en el Cárcamo al que llega el agua trasvasada desde el valle del Lerma para abastecer a la capital. Se describe cómo en 1951 el muralista predilecto del gobierno posrevolucionario recibió el encargo de ilustrar el discurso de la burocracia hidráulica que se identifica con Tláloc y se autorrepresentó como un poderoso dador de agua y benefactor del pueblo.

En el capítulo 4 se estudia la demanda por daños ambientales entablada por el gobierno del Estado de México en 2003 y se demuestra cómo fue, en su momento, una ruptura con las formas tradicionales de negociar y acordar los grandes proyectos hidráulicos entre el gobierno federal y el gobierno estatal mexiquense.

El capítulo 5 muestra cómo el movimiento de las mujeres mazahuas por la defensa del agua en la región de Villa Victoria fue también una vanguardia simbólica en la medida en que rompió con las formas tradicionales de resistencia campesina contra las grandes obras hidráulicas. Este movimiento implementó una estrategia de alto impacto mediático con escenificaciones destinadas a los reporteros. La eficacia de su interacción con la prensa ocasionó que sus demandas legítimas se visibilizaran en el ámbito nacional e internacional.

En el capítulo correspondiente se analiza el proceso mediante el cual su demanda inicial de indemnización se transformó y evolucionó hasta cuestionar el modelo de política hidráulica nacional simbolizado por el Sistema Cutzamala. Este movimiento reveló una geografía del despojo y una denuncia de la inequidad expresada en la falta de acceso al agua de los poblados mazahuas en una región donde se capta el líquido para la gran ciudad. La resistencia simbólica y el discurso que he denominado altépetl8 es abordado en este apartado.

En síntesis, región hidropolitana, campo geopolítico, formaciones discursivas y bienes comunes hídricos son los conceptos con los cuales en este libro se analiza e interpreta la información recabada sobre la compleja realidad hidráulica regional de la Zona Metropolitana del Valle de México. El trabajo de investigación fue realizado en diferentes momentos, entre 2000 y 2014, y se basó en la consulta de archivos institucionales;9 entrevistas a agentes de los tres gobiernos responsables de la operación de la infraestructura hidráulica regional, así como a académicos y agentes sociales involucrados en los conflictos estudiados; registro y participación en foros sobre políticas del agua en la Ciudad de México; recorridos en las infraestructuras de trasvase; recopilación y análisis de un corpus hemerográfico sobre los conflictos estudiados.10

El enfoque de este libro puede parecer desconcertante a quien busca en sus páginas respuestas a los urgentes problemas de la gobernanza del agua. En su origen no pretendía inscribirse en dicha perspectiva, sino señalar, desde una aproximación constructivista, la existencia de relaciones de poder históricamente expresadas en el territorio a partir del abastecimiento de agua para la Ciudad de México.

Como se ha señalado, este libro pretende llamar la atención sobre un vacío en la literatura de la gestión del agua en la Ciudad de México y apuntar que la dimensión regional del abastecimiento, del drenaje y del saneamiento no es sólo un asunto de escala geográfica, sino de desafíos institucionales, de justicia espacial, de equidad y sustentabilidad (considerando la magnitud del ciclo urbano-regional del agua en su conjunto), pero ante todo de producción y uso de categorías de política pública. Espero que su lectura sea una invitación a explorar esta terra incognita que es la escala hidropolitana con sus relaciones territoriales y sus desafíos institucionales y socioambientales que este volumen apenas alcanza a esbozar.

Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y al Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, pues sin el apoyo de estas dos instituciones este libro no se hubiera realizado ni publicado. Quiero expresar mi reconocimiento a Christian Topalov, de quien aprendí que el territorio es construido conceptual y simbólicamente, y que cada división trazada en el territorio es historia y lenguaje materializados. A Manuel Perló, por la visión estratégica e innovadora que compartió conmigo durante la elaboración del libro que escribimos hace diez años, en el que acuñamos el término de región hidropolitana, antecedente de este volumen. A Alicia Ziccardi, por su apoyo y su ejemplo de rigor y compromiso al abordar el estudio de los procesos urbanos y regionales.

Este libro debe mucho a académicos generosos que en diferentes momentos aportaron sus observaciones y sugerencias a la idea general de la región hidropolitana. No quiero dejar de expresar mi reconocimiento a Javier Delgado, Itzkuauhtli Zamora, Roberto Melville, Alain Musset, Claude Bataillon, François Lartigue, Jean Louis Fabiani, Santiago Funes, Luis Bojórquez y Renaud Payre, así como a los dictaminadores anónimos y a Alicia Márquez, cuyas recomendaciones me permitieron precisar las ideas centrales de este libro. Agradezco también a Jordi Prat por la elaboración de los mapas y a María Díaz Santos, Flor García y Alma Villalba por su ayuda para sistematizar información y editar el manuscrito.

Finalmente, quiero agradecer y dedicar este libro a Claudia, mi esposa, por el sol de su presencia y por nuestros diálogos antropológicos; a mis hijos Itzia Sofía y Omar Ernesto, a quienes mi corazón ha visto crecer mientras imaginaba estas páginas; a mis padres Arsenio y María Luisa y a mis hermanos Luis y Alberto, por ser todos ellos quienes me han dado la fuerza necesaria para emprender, sostener y concretar proyectos vitales.

Notas

1 No es el objeto de este libro estudiar la gestión municipal del agua ni la coordinación metropolitana en torno a los proyectos de agua potable y drenaje. Estas dos escalas de la gestión del agua son de primera importancia y existe un debate que data de la reforma de 1983 al artículo 115 constitucional. Sin embargo, la escala regional de vinculación hidráulica de cuencas hidrológicas a partir de grandes obras de trasvase no respondió en el caso de la Ciudad de México a las decisiones de escala municipal, delegacional o metropolitana.

2 Vale la pena señalar un par de reportajes publicados en National Geographic (López y Pérez, 2010) y en Jonathan Watts, “La crisis del agua en la ciudad de México”, The Guardian, 12 de noviembre de 2015.

3 Las diferentes escuelas de la gobernanza coinciden en términos generales al sostener que el nuevo modo de relaciones entre gobierno y sociedad aparece en contextos de crisis económica y transición política en los cuales hay escasez de recursos y pérdida de legitimidad (Porras, 2012).

4 En México este fue el sentido de los consejos de cuenca, comités de cuenca y comités técnicos de aguas subterráneas establecidos y que empezaron a funcionar en la década de 1990 con la creación de la Conagua y de lo que se denominó la “Nueva política del agua” (González, 2004; González, 2009).

5 De ninguna manera se pretende cubrir la historia de la totalidad de las obras o los movimientos sociales relacionados con la infraestructura hidropolitana. Los acontecimientos estudiados son puertas de entrada seleccionadas por el autor a partir de la posibilidad de constituir corpus documentales para ser analizados.

6 Luis Aboites denomina al ambientalismo como “acompañante fiel” del neoliberalismo, es decir, como un conjunto de ideas y políticas que suponen la promoción del desarrollo económico sin causar daños mayores al medio ambiente (Aboites, 2009, p. 13).

7 Durante los últimos diez años ha comenzado a retomarse el concepto de región hidropolitana en algunos procesos de planeación metropolitana y en estudios académicos (Alba, 2015; Comisión Ambiental Metropolitana, 2010; Cotler, 2010; Cruz, 2012; Delgado, 2014b; Granados, 2014).

8 El altépetl no debe entenderse como un territorio delimitado, sino como un conjunto de recursos naturales que constituyen la base de la identidad colectiva de un pueblo (Fernández, 2003; Fernández y García, 2006).

9 Los archivos consultados fueron: Archivo Histórico del Agua (durante 1998-2002), Centro Nacional de Consulta del Agua (2000-2005), Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (2001-2003), Secretaría del Agua y Obra Pública del Gobierno del Estado de México (2005). También fue de utilidad consultar las bibliotecas de las instituciones académicas que han realizado estudios sobre la política hidráulica: El Colegio de México, el Instituto Mora y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México (puec-unam).

10 A partir de un corpus de notas de prensa nacional entre 2002 y 2006 se realizó el análisis del principal movimiento indígena contra el trasvase del agua de su región hacia la Ciudad de México. Estos análisis tienen sentido debido a que este movimiento social tuvo como principal estrategia generar impacto mediático con distintas escenificaciones a través de las cuales expresaron su posición ante la sociedad nacional.

Índice

Introducción