EL PACTO FEDERAL CONVENIDO en México, en 1824, fue una forma de organización política, administrativa y territorial que acompañó la creación de la República Mexicana con un campo de acción constitucional propio y con la interrelación de dos niveles de gobierno (federal y estatal). La característica distintiva del sistema federal era que cada uno de sus niveles tenía una porción de soberanía; es decir, tenía la posibilidad de mantener y salvaguardar un interés propio. La parte vital del primer federalismo mexicano (1824-1835) fue la integración de esos niveles bajo una misma estructura política con el objetivo de conformar la nación mexicana. Sus áreas operativas de gobierno fueron la base para la distribución del poder. En sus orígenes legales y en el pensamiento de los diputados constituyentes el federalismo se concibió como una relación extrema entre federación y entidades federativas; éstas tenían la facultad de organizar y administrar su gobierno interior con autonomía por lo cual los municipios quedaban supeditados legalmente a su esfera.
El pacto federal entre los estados tardó algunas décadas en lograr unidad política en el país, debido a que hubo concesiones de elementos estatales que debilitaron el poder de la federación. El ideal de federación mexicana se alimentó de los principios de unificación y libertad nacionales propios del nuevo Estado, y con el pensamiento liberal aprendido en las Cortes de Cádiz y de Madrid, ideales políticos que perduraron por varias décadas del siglo XIX.
A través de la Constitución el Congreso Constituyente de 1823-1824 confirió al gobierno de la federación una mínima base de poder necesaria para mantener una incipiente unidad política y económica de México con el fin de lograr la seguridad nacional frente a las naciones extranjeras, salvaguardando sus fronteras, y para resolver los conflictos existentes entre los estados federados. El resto de las atribuciones quedó en manos de los propios estados para ser ejercidas dentro de su territorio. El principio del sistema federal fue la alianza y el pacto entre los estados soberanos, que se encontraban en proceso de formación.
El primer intento legal para instituir el régimen federal lo conformó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824, que pretendía estructurar el país sobre la base de la división de poderes y la adscripción al sistema federal. Con el fin de evitar el abuso y la concentración del poder, el federalismo y la división de poderes se complementaron en las formas constitucionales.
El principio federal de gobierno daba cabida a diferentes actores sociales: insurgentes, milicia civil, ejército, líderes de la masonería, clero, comerciantes y hacendados; todos ellos influyeron directamente en los diferentes niveles del gobierno e, indirectamente, como grupos de oposición. Los guardianes del destino nacional, los militares, anularon la credibilidad y la legalidad en el proceso de representación con sus medidas anticonstitucionales que desconocían a las autoridades legalmente elegidas durante la década federalista; se apoyaron en hacendados, ayuntamientos, prefectos, subprefectos y otros actores sociales para proclamar planes políticos, alterando la paz pública. En varias ocasiones, entre 1824 y 1835, se omitieron los acuerdos de unidad política federal a los que habían llegado los diputados de las entidades federativas en el Congreso de la Unión en 1824. Se formaron alianzas, expresadas en pronunciamientos y levantamientos sociales, que constantemente revirtieron el gobierno constitucional.
El primer federalismo no tuvo la fuerza necesaria para mantenerse como forma de gobierno cuando dichos actores traspasaron los límites de la zona legal, perdiendo el consenso mínimo necesario para dirimir conflictos. Un espacio político propicio para el enfrentamiento fue el primer proceso electoral mediante el cual se elegirían presidente de la República (1828) y gobernadores pero los resultados electorales no fueron respetados, fracturándose el incipiente pacto.
En el momento inicial del proceso de federalización era inherente un periodo de negociación, de ajuste y de reformas entre quienes detentaban el poder y los gobernados para interpretar, refinar y hacer operativa la distribución del poder entre las autoridades y los diversos actores sociales. Estas negociaciones tuvieron poco éxito hasta que en 1835 llegó a proponerse el cambio de sistema federal hacia el centralismo.
Cada estado de la República afrontó de manera específica su vínculo con la federación, los pronunciamientos, los procesos electorales y la organización de su política interna. El acontecer de cada entidad federativa dependió de su posición geográfica, del poder regional que conservaban los antiguos caudillos insurgentes, de la tendencia política de las autoridades que encabezaban los poderes estatales (centralistas o federalistas), de la aplicación de las disposiciones liberales que se habían dado con la Constitución de Cádiz de 1812, de la cantidad de población y del estado de sus finanzas públicas.
El objetivo de la presente investigación es estudiar los principales fundamentos, logros y problemas que tuvieron lugar durante el primer federalismo (1824-1835) en la entidad más importante de la época, el Estado de México. Destacaremos los hechos de la política interna que lograron apuntalar principios liberales y federales, pero que no fueron suficientes para mantener el sistema de gobierno.
El análisis de dicho momento histórico en el Estado de México es pertinente, debido a que fue una entidad marcada por la destrucción económica durante la Guerra de Independencia, porque sus diputados no consideraban el federalismo como la mejor opción para constituir la nación mexicana, por el enfrentamiento entre las logias masónicas en la alternancia en los poderes estatales, por la herencia gaditana en su legislación, porque su organización interna estaba basada en el centralismo y porque participó en la mayoría de los pronunciamientos contra el orden establecido.
En seis capítulos exponemos cronológicamente los principales acontecimientos políticos suscitados en el Estado de México desde los destellos del federalismo en las Cortes de Cádiz (1812) hasta el derrumbe del pacto federal (1835). Destacamos el complejo proceso de organización del poder después de la Independencia frente a la monarquía española, durante el primer intento de gobierno mexicano con el Imperio de Agustín de Iturbide y durante el establecimiento de la primera república federal. El periodo de estudio se sitúa en el inicio del proceso que dio forma al 14 El primer federalismo en el Estado de México, 1824-1835 Estado nacional y en el inicio de la integración de la entidad federativa; con ello tenemos una perspectiva del origen del federalismo, en el que se insertaron enigmas del arte de gobernar que perduraron a lo largo del siglo XIX.
Se analizan en este texto las particularidades de la entidad federativa y su relación con el ámbito federal con el ánimo de apreciar la manera en que ambos niveles de gobierno buscaron la integración política y en qué medida la alcanzaron, a fin de responder a la pregunta central de la investigación “¿Por qué el primer federalismo no logró consolidarse, si era una forma de organización del gobierno nacional que reconocía la autonomía de las entidades federativas y articulaba las prácticas liberales heredadas de la Constitución de Cádiz?”. Esta pregunta tiene respuestas en cada entidad federativa; si la dirigimos al ámbito del Estado de México podemos ofrecer una a manera de hipótesis: el primer federalismo le dio al Estado de México la oportunidad de luchar por la autonomía interna, propia de una entidad federativa, y de poner en práctica el legado gaditano, pero la diversidad de intereses de los actores sociales, colectivos e individuales, dificultó su aplicación.
El federalismo en el estado adquirió características propias que no lograron fortalecer la forma de gobierno y que surgieron de los siguientes acontecimientos: las autoridades estatales, al enfrentarse a la federación, promovieron la autonomía de la entidad federativa; la organización interna con tintes centralistas inició la integración política de la entidad; la alternancia en el gobierno entre liberales moderados (Melchor Múzquiz) y radicales (Lorenzo de Zavala) provocó la derogación de medidas que eran sustituidas por otras; el pensamiento gaditano presente en el Congreso Constituyente, encabezado por José María Luis Mora, influyó en los principios de la primera Constitución estatal y los de las leyes que dictaron la estructura gubernativa interna; el poder regional de algunos insurgentes (Nicolás Bravo, Vicente Guerreo) fue determinante en la alteración del orden establecido; las autoridades locales (ayuntamientos, subprefectos y prefectos) eran ejecutoras directas de las disposiciones del gobierno y los legisladores, pero también apoyaban a los militares que se pronunciaban en contra de las medidas liberales; y, finalmente, el rechazo de los vecinos ante las medidas liberales que los afectaban (limitación de ayuntamientos, elecciones) provocó que se sumaran a los pronunciamientos. Estos hechos se vieron impregnados de modernas prácticas liberales y viejos métodos corporativos heredados de la época colonial.
La etapa de la primera república federal en nuestro país es esencial para explicar las bases del sistema federal mexicano, por lo que ha merecido la atención de diferentes disciplinas relacionadas con la historia. En el Estado de México el tema ha sido materia de varios estudios, la mayoría publicada de manera individual o en obras colectivas y ha sido analizado desde puntos de vista específicos y aislados. En los artículos que conforman los textos colectivos los autores han mostrado interés por exponer datos municipales (la instalación del ayuntamiento de Capulhuac y datos estadísticos de Amatepec), las pugnas por el poder entre federalistas radicales y federalistas moderados, la conspiración política de Manuel Montaño contra el gobierno federal, el enfrentamiento con la federación, motivado por las contribuciones (el impuesto a todo aquel que transitara por los caminos); el acontecer del Instituto Literario, la milicia cívica en sus primeros años de formación, un panorama legislativo del Congreso Constituyente, la expulsión de los españoles de Toluca y el conflicto entre autoridades civiles y religiosas. [1]
Las obras publicadas han tratado la segregación de la Ciudad de México del territorio del Estado de México para constituir el Distrito Federal, el punto de vista de la administración pública sobre las funciones gubernativas, el acontecer del estado durante el año de 1824, la biografía de Lorenzo de Zavala con énfasis en los dos periodos en que fue gobernador de la entidad, y el importante trabajo sobre el vínculo entre federación y Estado de México con atención especial en los asuntos económicos (McGowan, 1991; Huitrón, 1976; Mena, 1989; Montes de Oca, 1999; Velázquez, 2009; Macune, 1978). Con el fin de integrar un libro colectivo sobre el primer federalismo en el Estado de México (el pensamiento jurídico de José María Luis Mora, la pérdida de la Ciudad de México, las pugnas entre la Iglesia y el Estado, las municipalidades, la hacienda pública estatal y municipal, los derechos territoriales de los indígenas y la demografía histórica) se compiló una variedad de temas estudiados por diferentes autores (Iracheta y Birrichaga, 1998).
En distintas obras, también colectivas, se dedica un capítulo a la exposición de un panorama general del desarrollo del gobierno estatal durante la primera república federal, uno más que analiza los debates del Congreso Constituyente del Estado respecto al poder local y otro capítulo que estudia las reacciones de los pueblos ante la primera ley de organización municipal (Macune, 2011: 93-123; Birrichaga y Ramírez, 2011: 195-223; Camacho, 2011: 329-349).
Los alumnos de nivel licenciatura poco han dirigido su atención a este periodo histórico para la realización de sus tesis; quienes se han inclinado por el tema se basan en la estructura de la Iglesia y su conflicto con las autoridades civiles, en la expulsión de los españoles, así como en un trabajo historiográfico sobre el gobernador Lorenzo de Zavala, y en las problemáticas agraria y educativa (Alanís y Ruiz, 1987; Beltrán, 1989; Solís, 1988; Díaz et al., 1981; Campuzano, 1978).
En los libros de Historia del Estado de México se habla de manera general de la primera república federal, haciendo especial énfasis en la historia política, es decir, en la instalación de los poderes estatales, en 1824; en la alternancia en el poder entre Múzquiz y Lorenzo de Zavala, como representantes de las logias masónicas escocesa y yorkina; en los cambios de sede de la capital del estado (Texcoco, Tlalpan y Toluca) y en el paso al centralismo (Sánchez, 1974; Herrejón, 1985; Baranda y García, 1987a; Rosenzweig et al., 1987: Jarquín y Herrejón, 1995).
Todas estas investigaciones permiten apreciar la complejidad de la época, ofrecen datos valiosos y señalan diversos puntos en los que amerita profundizar; además se advierte la falta de articulación entre los disímiles temas sociales y políticos tratados. Tenemos una historia fraccionada en torno al acontecer del primer federalismo en el Estado de México, con numerosas publicaciones de importantes fuentes oficiales esperando ser incorporadas al análisis histórico. [2]
La articulación necesaria de los hechos históricos del primer federalismo se puede construir con el análisis de la información que da cuenta de la legislación liberal y de su aplicación, vinculada al pacto federal. Buscamos una visión histórica integradora de la legislación con los acontecimientos electorales, demográficos, hacendarios y municipales con la finalidad de no presentar datos aislados, pues de lo contrario parecería que la primera república federal fue un periodo que no dejó huella en el devenir del federalismo mexicano y, en particular, del federalismo construido en el Estado de México. Podríamos quedarnos con la idea errónea de que solamente aportó algunas proezas sobresalientes pero aisladas (como la institución del estado o la primera Constitución estatal) que, por sí mismas, no ayudan a explicar cómo funcionó el federalismo ni los motivos por los que decayó.
La historia fraccionada no explica que el Estado de México inició el federalismo obligado por las circunstancias nacionales sin el convencimiento de si ese sistema de gobierno era la mejor opción, puesto que sus representantes apoyaban el centralismo; tampoco señala que el federalismo empezó a desarticularse en 1828 con la improcedencia de las elecciones para presidente de la República, organizadas en el estado por Lorenzo de Zavala, y que fueron anuladas en 1835, cuando se aglutinaron los grupos sociales que sintieron amenazados sus intereses con la nueva organización del poder.
Dos conceptos históricos están presentes en la investigación, el de federalismo y el de liberalismo en virtud de que ambos forman parte del proceso de integración nacional y autonomía regional.
En la joven nación mexicana el liberalismo hispano, adoptado por los diputados americanos en las Cortes de Cádiz (septiembre de 1810 a mayo de 1813) y de Madrid (1820-1821), tuvo continuidad con la instauración de la república federal, a mediados de 1823 (Frasquet, 2010: 23), lo cual se hace evidente en las variables que influyeron directamente en gobernabilidad [1] tales como el Estado de derecho, el entramado institucional y las prácticas de los actores políticos entre las que destaca el ejercicio ciudadano. El federalismo inició como un proceso de reacomodo de fuerzas políticas, basándose en la regionalización promovida durante la Colonia. La premisa fundamental del pacto federal de 1824 fue iniciar la construcción del Estado mexicano, fundado en la suma de intendencias —posteriormente estados—, con el firme objetivo de propiciar el desarrollo integral de la nación.
En el siglo xix el federalismo mantuvo su organización política y administrativa en dos niveles u órdenes de gobierno (federal y estatal), contando con una distribución determinada de atribuciones y responsabilidades públicas. El federalismo añadió al modelo republicano de separación de poderes (que se había contemplado en la Constitución gaditana) una separación territorial con atribuciones y autonomías determinadas, expresándose jurídicamente como soberanía en las entidades federativas. Las unidades federadas estaban representadas y participaban en las decisiones federales a través del Congreso de la Unión. En el primer federalismo las autoridades estatales tuvieron que marcar constantemente su espacio de decisión interna frente a la injerencia de la federación en materia hacendaria, electoral y territorial.
Las bases del primer federalismo del Estado de México, tanto en lo político como en lo administrativo, fueron dadas por la labor legislativa del Congreso Constituyente 1824-1826, con José María Luis Mora a la cabeza. Sus aportaciones encauzaron la vida legal que adoptó el liberalismo imperante en la época: “El sistema federal, forma de gobierno la más perfecta y sencilla después de establecida, es sin embargo la más complicada al tiempo de organizarse, y la más sujeta a roces y colisiones, principalmente en una nación que ha estado unida bajo la presión violenta del despotismo” (Mora, 1986: 53).
Mora realizó un diseño administrativo municipal con miras a centralizar en el estatal el poder local. Detrás de este diseño había una profunda desconfianza en la dispersión del poder político local, por ello se implementó la reducción de ayuntamientos y se limitaron las funciones de las autoridades municipales para que ejecutara lo dispuesto por la ley bajo la vigilancia directa de los agentes del gobernador (prefectos y subprefectos). Se buscó concentrar el poder municipal bajo la forma legal, pero en la práctica su aplicación fue lenta y paulatina. Una de las metas esenciales del pacto federal inicial fue alcanzar la unidad dentro de la heterogeneidad de las provincias con el imperativo de que ésta fuera respetada, de otro modo no habría sido posible el contrato federativo. Se tuvo la capacidad política de reconocer y tratar de integrar en un todo las diferencias existentes en las 19 entidades federativas.
La estructura del federalismo mexicano estuvo vinculada a un concepto y a una práctica de evitar la concentración del poder en la federación. La distribución del poder con voluntades diversas y territorialmente distinguibles, tanto a escala regional como nacional, era una condición esencial a la cual debían ajustarse las reglas de la política federal, que definían a los actores que participaban en ella mediante los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en los dos ámbitos de gobierno (federación-estados). Sin embargo, al interior de las entidades no se continuó con la aplicación del respeto por el poder local, sino que se trató de controlar en beneficio de la fortaleza de la entidad.
El discurso liberal durante el federalismo involucró la cultura republicana. Los individuos tenían el derecho de elegir a sus representantes y con ello darle legitimidad al gobierno local. Se dieron parámetros normativos para realizar la elección indirecta de diputados y de ayuntamientos a través de la ciudadanía. Como expresó Mora: “El hombre no puede ser ligado por una ley sin que antes no se haya sometido a ella, y esta sumisión que es la diferencia del individuo a la sociedad, y el homenaje que rinde a la voluntad privada a la general, no puede expresarse sino por medio de representantes elegidos libre y oportunamente” (Mora, 1986: 36).
El desarrollo de la ciudadanía implicó la existencia de un gobierno local como instancia primaria del poder y de organización en los asuntos públicos y, a la vez, como espacio básico para la realización de los atributos ciudadanos en los otros dos niveles de gobierno. Dentro de este contexto ciudadano el gobierno municipal se vinculó con las esferas estatal y federal las cuales caracterizaron su evolución y su conexión con el federalismo.
No es fácil definir el liberalismo durante la primera república federal en México, debido a las diversas formas que tomaron las prácticas políticas que perseguían la libertad individual, un sistema legal aplicado a todos por igual, restricciones a las expresiones políticas, participación libre de los ciudadanos en las elecciones, un gobierno constitucional basado en la división de poderes y una política económica comprometida con el crecimiento sostenido. Por estas características el liberalismo de la primera mitad del siglo xix es una ideología de constante cambio (Aguilar, 2011: 13-14).
El empeño de las autoridades federales y estatales por transformar la sociedad, afirmar las libertades individuales, oponiéndose a los privilegios corporativos; secularizar la sociedad y limitar el poder del gobierno mediante la representación política y el orden constitucional fueron principios que empezaron a consolidarse en el siglo xvii con la Revolución inglesa, y se impusieron lentamente a lo largo de los siglos xviii y xix a través de las Cortes de Cádiz y de Madrid (Vázquez, 1997: 19-40).
México transitó de un autonomismo novohispano, perteneciente a una monarquía hispana, hacia un republicanismo federal. Partió de una base legal gaditana para iniciar su “revolución liberal” y construir un Estado-nación republicano (Frasquet, 2010: 24).
En 1824 para la mayoría de los gobernantes el liberalismo parecía la ideología correcta para alimentar la formación de un país plural como era México. El liberalismo puso énfasis en aspectos constitucionales y jurídicos, aunque tuvo problemas para cumplirlos cabalmente debido a las costumbres corporativas de la sociedad, añejadas desde tres siglos atrás. Este proyecto ideológico-político contemplaba a todos los seres humanos por lo cual comprendía la “igualdad jurídica” como un eje rector. Era un concepto transformador que tendría un efecto unificador en la sociedad porque la desigualdad social colonial era aplastante. El liberalismo decimonónico se propuso construir un México que se caracterizara por ser una “nación mestiza” y “basada en la libertad individual”; dos ideales que constituyeron la base o la columna vertebral de su proyecto.
La justicia, como valor universal, asumió con sus normas jurídicas un rechazo a los privilegios, que eran la razón de ser del antiguo régimen; se consideraba parte del pensamiento de las sociedades modernas. Involucró en la práctica legislativa una paradoja: “igualdad y privilegio”. Quedó fuera la nobleza y su lugar lo ocuparon los representantes de los ciudadanos (diputados, gobernadores, ayuntamientos) quienes serían ilustrados, educados, dignos y honestos; y el privilegio no desapareció. La abolición de privilegios se refugió en la práctica de la ciudadanía, que llevaba intrínseca la igualdad jurídica entre los individuos participantes en la política (Aguilar, 2001: 41).
Los liberales de la primera república federal creyeron que el país cambiaría tan pronto fueran promulgadas las constituciones federal y estatales. Con éstas desaparecerían prácticas corporativas arraigadas y caciquismos militares, y aparecerían los ciudadanos. Los liberales siguieron la escuela del derecho natural; creían en el poder transformador de la libertad liberal, otorgándola a los habitantes mediante las instituciones políticas. Fomentaban la libertad siempre y cuando respetara los derechos de los otros (Valadés, 1993).
La idea de los “derechos” era en sí misma un producto de la cultura jurídica del liberalismo. Idea que ejerció un fuerte impacto en la Constitución federal de 1824 y en todas las constituciones estatales. Según Aguilar Rivera uno de los principales problemas al retomarla fue la ausencia de respuestas legales para enfrentar las emergencias políticas y sociales que envolvieron al país, lo que provocaba que no se pudieran ejercer los “derechos” (Aguilar, 2001: 15).
Se fueron mezclando desordenadamente elementos liberales y antiliberales con una flexibilidad permitida en muchas ocasiones por los actos del gobierno local. Por ello el derecho se convirtió en una normativa que podía modificarse de acuerdo con las circunstancias. Quedaron pendientes en las normas liberales del primer federalismo la discriminación étnica, la libertad de expresión colectiva y la tolerancia religiosa. Estas omisiones, sumadas a los nuevos principios de ciudadanía e igualdad jurídica, hicieron que la fragilidad de los elementos liberales y republicanos fuera evidente. Las prácticas liberales eran incompatibles con las desigualdades provocadas por actuaciones corporativas heredadas; sin embargo, la generalización del individualismo liberal es un proceso que lentamente fue implantado en nuestro país al igual que el de la secularización, que llevaba aparejada la idea de tolerancia religiosa.
El fracaso de la primera república federal implicó la crítica al proyecto liberal y al pacto federal; se le cuestionaba haber carecido de recursos para reclamar derechos ancestrales, denunciar injusticias colectivas e individuales, y demandar la participación en el poder de grupos excluidos.
Las limitaciones del liberalismo no fueron en cuanto a sus principios, sino respecto a su capacidad de adecuarse a las diversas realidades mexicanas. Aunque el liberalismo, al igual que el federalismo, ha ido modificando sus caminos de funcionamiento sus premisas han permanecido hasta nuestros días, pasando por repúblicas centralistas, monarquías y rebeliones sociales. Sus principios éticos aún se basan en el individuo como imperativo categórico; su comportamiento legal está basado en la igualdad jurídica y en su meta final: construir una sociedad moderna.
Todos los liberales de la época perseguían el mismo objetivo de modernización; sin embargo, se dividieron de acuerdo con el camino político que elegían para alcanzarlo. Se integraron en dos grupos principalmente: uno era el de los “progresistas”, los “radicales” o los “puros”, que se distinguieron por no tolerar el poder corporativo del clero y el ejército; y el otro era el de los “moderados”, que estuvieron dispuestos a combinar los principios liberales con los intereses del antiguo sistema.
El liberalismo como reclamo normativo de las relaciones sociales desempeñó un importante papel, al igual que el federalismo como reconocimiento del poder regional. El desarrollo de ambas tendencias políticas debe estudiarse mancomunadamente sin llegar a colocarlas como “mito nacional”, pero descubriendo sus aportes a la formación de la nación mexicana en general y a la integración de cada entidad federativa en particular (Aguilar, 2001: 187).
La primera república federal dejó ver que en la sociedad mexicana heredada de la Colonia, corporativa y plural, debía respetar y tolerar el derecho a las diferencias porque el rápido paso hacia la igualdad jurídica no había funcionado. Estaba muy lejos el momento en que todos los “individuos iguales” reconocieran un mismo contrato social que diera forma a una nación. Lo que existía eran muchas ideas de nación de acuerdo con el grupo político que las impulsaba, no se podía hablar de individuos “iguales” decididos a constituir una nación ni de entidades federativas que hubieran logrado construir una federación.
Se hicieron presentes formas de dominación de varios grupos como los caciques, la milicia, el clero y los líderes de las logias masónicas. No podían estar todos incluidos en la estructura federal y a menudo estos grupos se apoderaron del poder regional y lo manipularon para sus propios fines. La identidad local debía ser reemplazada por un sentimiento de pertenencia al ámbito político y cultural más amplio, como era la entidad federativa, y después a la nación.
La llegada de la república centralista en 1836 no significó terminar con los productos derivados de la reciente cultura jurídica del liberalismo como la asimilación de los diferentes “derechos”, principalmente el de consentir los arreglos gubernamentales que regían a los mexicanos. Con el centralismo disminuyó el abanico de derechos, pero no desapareció el liberalismo. Éste permaneció para retomar, en 1846, el federalismo.
La manera apresurada y optimista con que empezaron a articularse el liberalismo y el federalismo tuvo su razón de ser. Las relaciones de poder entre la federación y los estados debían tener un sustento social sólido, que la teoría liberal les ofrecía, como garante del cambio de colonia a país independiente. Cada una de estas corrientes por sí sola implicaba un reto para su implantación en la sociedad mexicana; el liberalismo con sus herramientas filosóficas para dirigir las relaciones sociales, económicas y políticas; y el federalismo con su capacidad de pactar entre dos niveles de gobierno en busca del fortalecimiento de la unidad nacional.
El federalismo mexicano derivó de las tensiones entre el centralismo y la autonomía interna, que las provincias demandaron en 1823, y el liberalismo de las tradiciones españolas y de las propias necesidades regionales. Por la singularidad de cada provincia colonial es imperativo estudiar cada uno de los estados con su estructura interna propia, sin perder el ordenamiento general que dio la Constitución federal. No se puede entender el federalismo sin el impulso de las provincias que posteriormente formaron los estados, como lo demostró Nettie Lee Benson. Los estados fueron el resultado de un proceso político-económico de varias décadas en el cual las instituciones de gobierno y administrativas se establecieron de acuerdo con sus grupos de poder, las identidades étnicas y el territorio (Anna, 1991: IX-XIII).
Ambas doctrinas (federalismo y liberalismo) se entrelazaron para crear instituciones estatales y nacionales que ayudaron a mantener los niveles de gobierno. Varias de las instituciones experimentaron constantes cambios durante el siglo xix; las nuevas (congresos, municipios, tribunales, gobernadores, consejos) se basaron en principios de respeto al individuo, ya que rechazaban los derechos colectivos como base para los arreglos políticos argumentando que los grupos surgen y desaparecen en respuesta a circunstancias determinadas, mientras que los individuos prevalecen. A pesar de esta posición los hábitos, opiniones, usos y creencias dieron vida a las instituciones, mezclándose los derechos colectivos con los individuales, viciándose así la ética liberal.
Hubo problemas de incoherencia e inconsistencia entre proyectos estatales y federales: la existencia de caciques y caudillos regionales, los derechos de soberanía, el poder político del clero, el manejo de las contribuciones, la dispersión de las provincias contra la unificación federal. Por ello la práctica del federalismo fue compleja y endeble; hubo que tratar de reorientar las relaciones de poder, armonizando los intereses de antiguos y nuevos privilegios y los intereses estatales con los federales.
La primera república federal fue el resultado de las acciones independentistas de las provincias que impulsaron una solución política, intentando definir una nación sobre las identidades regionales. La consecuencia constitucional fue un federalismo moderado, privilegiándose el interés de las regiones sobre el de la unión; en la práctica hubo demostraciones de autonomía de los intereses estatales, por lo cual se le ha llamado confederación (Vázquez, 1999b: 23-47).
El federalismo fue una distribución de competencias constitucionales entre la unión y los estados (Barragán, 1978). Trató de regular prácticas y derechos de los diferentes actores, buscando salidas a la diversidad regional sin alcanzar el éxito en la empresa. Estudiar el primer federalismo es analizar una doble perspectiva: por una parte, las particularidades regionales que defendían su autonomía y, por la otra, la manera en que ambos niveles (federal y estatal) se propusieron la integración nacional y en qué medida la alcanzaron (Anna, 1991: 1-33).
Las primeras prácticas liberales federalistas dieron las bases para la construcción de las entidades federativas, continuando con los principios del liberalismo de Cádiz. El republicanismo, la unidad federal y el liberalismo estuvieron opacados por prácticas del antiguo régimen: el colectivismo, las instituciones corporativas, el regionalismo, la diversidad étnica, los privilegios de la alta milicia y el alto clero, y la tradición de las repúblicas de indios. Las constituciones federal y estatales trataron de marcar el rompimiento con el pasado. La identidad de los estados federativos no fue una conclusión lógica de este primer federalismo, ya que tomó décadas para que se concretara, prevaleciendo la fragmentación al interior de los estados.
La aplicación de los conceptos liberales, articulada a las teorías federalistas, fue una verdadera innovación durante la primera república federal porque reorientó las relaciones del poder político, aunque siguieron subsistiendo continuidades coloniales. Ambas corrientes ideológicopolíticas se dieron a la tarea de integrar una nación con la legitimidad que daba el consentimiento de la sociedad a través del Congreso Constituyente. Se creó un pacto federal entre élites nacionales y regionales que tuvo que ponerse a prueba con sus nuevas reglas inherentes a los principios liberales y federales.
A partir de 1824 el federalismo del Estado de México se encontró en un proceso permanente de constitución interna, dinámico por naturaleza, como el de las demás entidades federativas. Se empezó a articular una incipiente estructura política que no logró consolidarse durante la primera república federal porque las nuevas metas liberales se enfrentaron con los viejos intereses corporativos de grupos privilegiados (Anna, 1998: IX- XIII).
La tradición liberal que se forjó en el estado durante la primera república federal fue legalista y formal, fundando el cambio social y la unidad de la estructura política interna; de ahí la importancia del Congreso local y su trabajo legislativo, plasmado principalmente en la primera Constitución estatal (1827). Los diputados tuvieron que luchar contra la diversidad de intereses regionales, buscando como alternativa viable el camino del centralismo interno. La Constitución fue desarrollando un conjunto de valores que reconocían su existencia política con derechos judiciales autónomos.
El liberalismo, con sus herramientas filosóficas basadas en la libertad de comercio, la igualdad entre los ciudadanos y los derechos individuales, pretendía dirigir las relaciones sociales, económicas y políticas; y el federalismo, con su capacidad de pactar entre dos niveles de gobierno, buscó el fortalecimiento de las relaciones entre la entidad federativa y el gobierno federal. Las autoridades de los tres poderes estatales tomaron ambas tareas con suma responsabilidad, sin embargo, encontraron diversidad de obstáculos dadas las condiciones internas del estado y su cercanía a las redes de influencia económica y política de las autoridades federales.
El liberalismo y el federalismo se entrelazaron en la creación de las instituciones que ayudaron a organizar el gobierno. Además de esta característica, en las opiniones, usos y creencias que dieron vida a las instituciones se fueron mezclando los derechos colectivos (dados por la diversidad étnica, los privilegios de la alta milicia y el alto clero, y la tradición de las repúblicas de indios) con los individuales, lo cual vició la ética liberal. La práctica del federalismo fue compleja y endeble, con logros y tropiezos; trató de reorientar las relaciones de poder, armonizando los intereses propios de los privilegios antiguos con los nuevos y los intereses estatales con los federales.
En el Estado de México el federalismo inició con una paradoja propia de un federalismo en vías de consolidarse, ya que sobrevivieron paralelamente el federalismo y el centralismo como en otras entidades federativas. Primero el federalismo aceptó el centralismo en la administración interior del estado (1824-1835) y después el centralismo eliminó el federalismo (1836-1846). Los principios liberales impregnados en la legislación y en las nuevas instituciones permitieron esta conjunción (Anna, 1988: 174-175).
En cinco años de federalismo (1829-1834) el país pasó de un gobierno ilegal con Vicente Guerrero, a uno de clara tendencia centralista con Anastasio Bustamante, frente a un federalismo radical con Valentín Gómez Farías. Esta inestabilidad política desencadenó una notable pérdida de confianza pública en el sistema federal para manejar los asuntos tanto en los estados como en la federación.
En estos cambios de nivel nacional el Estado de México participó activamente, generando procesos importantes hacia su interior: para cuando se expidió la primera Constitución estatal se tenía un estado más fuerte ante la federación, que el existente en 1824; el estado se encontraba envuelto en un tenaz enfrentamiento entre los grupos masónicos (yorkinos y escoceses) que perseguían el control del poder político, ocasionando la alternancia en la gubernatura entre un liberalismo moderado, con Melchor Múzquiz y un liberalismo radical con Lorenzo de Zavala. Como parte de este panorama se exponen a continuación los principales acontecimientos suscitados en el Estado de México, desde los antecedentes federales y liberales presentes en la postrimería de la vida colonial, como los cimientos de la futura entidad federativa, hasta su abolición en octubre de 1835. La investigación se desarrolló principalmente dentro del seminario “El primer federalismo mexicano”, coordinado por la doctora Josefina Zoraida Vázquez, profesora-investigadora de El Colegio de México, a raíz del cual dicha institución editó dos libros colectivos: El establecimiento del federalismo en México (1821-1827) (Vázquez, 2003) y Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano (1824-1835) (Vázquez y Serrano, 2012).