INTRODUCCIÓN

Se conviene que en la historia constitucional pueden interesarse varias disciplinas: el derecho constitucional, la ciencia política, la historia de la ideas políticas, la sociología política, la teoría política, y ello ha dado lugar a una larga discusión sobre si puede considerarse o no disciplina autónoma a la primera y si debe pensarse en un método específico para ella, o bien, si se trata de una disciplina jurídica, e incluso si se puede confundir con el derecho constitucional. No puedo distraer aquí al lector con tal polémica, pese a su importancia, y sólo dejo la inquietud, remitiéndolo a una lectura para profundizar en la cuestión.¹

Lo que sí puedo decir es que en este trabajo el lector encontrará rastros de todas esas disciplinas, pues de todas ellas he pretendido servirme, y dejo el resultado a su juicio. También encontrará anacronismos, de alguna manera inevitables, ante la necesidad de emplear conceptos nuevos para explicar hechos o fenómenos pasados o la naturaleza de tal o cual construcción jurídico-política.

El corazón de lo que aquí se presenta está en los debates sostenidos en el Congreso Constituyente de 1823-1824 y no se puede soslayar la dificultad que representa tratar de desentrañar las intenciones de una asamblea; tal dificultad ha afectado a trabajos semejantes a éste y ha sido señalada por diversos autores. Por ejemplo, se ignoran las ideas o los motivos de los diputados constituyentes que no intervinieron en el debate y que, no obstante, votaron; se ignora si los que tomaron al palabra realmente expresaban su opinión sincera, y a ello se añade la dificultad de interpretar la intervenciones consideradas aisladamente, pues se ignora cómo fueron comprendidas.² Sin desdeñar estos problemas, el examen de los diversos debates que precedieron a los votos parece necesario en todo trabajo sobre un texto normativo; el examen de las intenciones de los legisladores —más si se trata de legisladores constituyentes— forma parte del arsenal tradicional de los medios de interpretar. Si bien este examen no borra todas las incertidumbres o todas las ambigüedades, no lo hace por ello inútil. Lo que es verdad para el jurista, lo es a fortiori para el historiador. Éste no puede limitarse a la exégesis jurídica de un texto sino que debe integrarlo en el movimiento de las ideas, la situación política y social, la correlación de fuerzas, etc. Todo ello no puede dejar de lado al análisis propiamente jurídico, pero éste no puede reemplazar ese contexto.³

Una lectura comparada de la historia constitucional de México y de los Estados Unidos de Norteamérica sugiere, a primera vista, un notable contraste en lo que concierne a la estabilidad de sus textos constitucionales. En efecto la constitución que aún rige los destinos de ese país es la aprobada en Filadelfia el 17 de septiembre de 1787, con tan sólo veintisiete enmiendas. En subrayada diferencia, los documentos constitucionales que se han formulado para regir la vida política en México han sido, en orden cronológico: la Constitución decretada en Cádiz el 18 de marzo de 1812, la Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814; una vez consumada la independencia, se han dictado el Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824, seguida de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 4 de octubre del mismo año, las Siete Leyes Constitucionales del 29 de diciembre de 1836, las Bases Orgánicas de 12 de junio de 1843, el Acta de Reformas de 18 de mayo de 1847 —que modificó la Constitución de 1824, restablecida el 22 de agosto de 1846—, las Bases para la Administración de la República de 22 de abril de 1853; la Constitución Federal del 5 de febrero de 1857, el Estatuto Orgánico del Imperio de 10 de abril de 1865 y la Constitución Federal del 5 de febrero de 1917.

La conclusión apresurada que se podría extraer de estos datos nos llevaría a pensar que esos numerosos y abruptos cambios de regulación constitucional significan una caótica inestabilidad de las instituciones fundamentales. Sin embargo, una lectura atenta de nuestra historia político-constitucional sugiere que las instituciones políticas presentan una evolución más lenta, pero más firme y segura que los simples cambios de texto constitucional.⁴

Después de todo, ninguna constitución puede ser visualizada como si no tuviera referencia a la herencia institucional que pesa sobre ella como constricción. Sin duda, la elaboración de una constitución manifiesta una voluntad de ruptura con el orden socio-político anterior; no obstante, el trabajo constitucional no se lleva a cabo ex nihilo: la invención constitucional encuentra sus límites en la persistencia de los “modelos operativos”, así como en los significados esenciales que están en el corazón de la identidad nacional. La sucesión de constituciones formales puede así esconder la permanencia, al menos relativa, de una constitución material profundamente enraizada y que sobrevive a todos las sacudidas políticas.⁵

El presente trabajo se ocupa del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824 y de la Constitución Federal del 4 de octubre de ese mismo año, pues, representan un momento crucial en la historia constitucional y política de nuestro país. No sólo por su carácter fundacional, puesto que constituyen el primer ordenamiento de vigencia, positividad y observancia plenas en todo el territorio nacional y de mayor longevidad en un buen tramo de nuestra vida independiente, sino por la sorprendente supervivencia de la esencia teórica y dogmática de un gran número de preceptos que, proviniendo de esos documentos, aún se mantienen vivos en nuestro actual pacto constitucional.⁶ Sin forzar demasiado las cosas me atrevo a decir que en esos documentos se resume la teoría del Estado mexicano.⁷

Dicho lo anterior, es justificado afirmar que los debates sostenidos en el seno del Congreso Constituyente de 1823-1824, donde vieron la luz esos dos trascendentes ordenamientos —que en realidad entrañan una sola unidad—, cobran una gran relevancia para el conocimiento de la teoría constitucional mexicana

Se me dirá que se hace a un lado al texto constitucional precedente. Nadie puede negar el enorme valor histórico que tiene el Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, también conocido como “Constitución de Apatzingán”: fue éste sin duda el primer intento de organización política de un país que deseaba ser independiente, libre y soberano. Sin embargo, su vigencia fue efímera y el ámbito territorial de su aplicación limitado al área de influencia militar de Morelos. Por otra parte, si bien dejó un importante legado en materia de filosofía social y política, poco resta de sus instituciones. Más aún, sus propios autores diferenciaron conceptualmente constitución y decreto y señalaron sus alcances provisionales, al disponer que ese decreto se observaría hasta que no fuese convocada la representación nacional y, siéndolo, que no se dictase y sancionase la constitución permanente. Esto dicho, no mengua el reconocimiento que debemos a sus autores, ni el respeto a la memoria de su ideario.

Hay razones históricas que abonan a la importancia que tienen los documentos emanados del Congreso Constituyente de 1823-1824, pues aportan un material imprescindible para el estudio no sólo de la Constitución de 1857, sino aun para la vigente de 1917. Me explico: la longevidad de la esencia teórica y dogmática de principios tales como el de su ser republicano, representativo, popular o democrático, federal, bicameral y presidencial, dan cuenta de una prolongada continuidad, pese a efímeras interrupciones. Además de consideraciones fundadas en la idiosincrasia o en la cultura política, existe una de carácter histórico que debe ser atendida, para explicar lo afirmado.⁸

Después de la revolución de Ayutla, la facción derrotada llegó al recién convocado Congreso Constituyente de 1856 con la intención de bloquearlo, pues ya intuía el sentido de la reforma política y social que planeaban los puros y urdió toda clase maniobras con ese propósito. A esta intención de bloqueo se unieron los liberales moderados, pues a ellos les parecía que aún no había llegado la hora de los cambios. Para los puros era primordial institucionalizar y consolidar jurídicamente su reforma en una constitución y a ello se enfrentó la facción conservadora con toda clase de malas artes, de todo lo cual hay puntual recuento en la clásica crónica de Zarco.⁹

Desde el inicio, en efecto, ésta intentó restaurar la Constitución de 1824 y después se valió de tácticas dilatorias, suscitando discusiones sobre temas de escasa importancia; otra maniobra fue la de turnarse en las ausencias a las sesiones, a fin de impedir la formación del quórum y, en consecuencia, la celebración de las mismas; otra, intentada varias veces, fue la de argüir la urgencia de aprobar la constitución y, al mismo tiempo, exaltar las bondades de la Constitución de 1824 —a la que, por cierto, tanto habían atacado— para convencer al Congreso de que la solución expedita era declararla vigente. Por supuesto que de lo que se trataba era de mantener los fueros y privilegios de la Iglesia católica y la intolerancia de culto que la Constitución de 1824 amparaba.¹⁰

Tras acalorados debates en varias sesiones y contando con el apoyo de los secretarios del despacho de Gobernación y del de Relaciones, el intento de restaurar la constitución parecía prosperar. El presidente de la comisión encargada de la redacción del proyecto de constitución, don Ponciano Arriaga, entendió la maniobra y en la misma sesión de 25 de agosto de 1856 presentó a la consideración del Congreso un cuadro comparativo de numerosos artículos del Acta Constitutiva y de la Constitución de 1824, con otros tantos del proyecto de constitución por aprobar, a fin de demostrar claramente que se transcribían prácticamente iguales, con las evidentes excepciones de la supresión del Senado y de la facultad de veto presidencial, entre otras.¹¹

El Congreso decidió que todos estos artículos fueran discutidos de una sola vez, votándose separadamente. Con astucia y perspicacia, Arriaga dejaba sin argumentos a la bancada conservadora, pues demostró palmariamente la coincidencia de los documentos constitucionales de 1824 con el proyecto de la constitución por aprobar. Sin embargo, ésta no desistió y, haciendo uso de recursos reglamentarios, prácticamente logró su intento de restaurar la Constitución Federal, derrotando a los liberales en una cerrada votación. No obstante, la enérgica oposición a las maniobras logró que, tomados como un solo artículo, se discutieran los cuarenta y siete correspondientes a la Constitución de 1824, a los que después se agregarían las innovaciones reformistas, particularmente una completísima declaración de derechos del hombre y su garantía, el Juicio de Amparo, que permitiría el control de la constitucionalidad.¹²

Podemos así concluir con Arriaga que la comisión que él presidió y que orientó la decisión finalmente plasmada en la Constitución de 1857 siguió el programa de la Constitución de 24, al adoptar sus principios cardinales y al estudiar sus combinaciones para adaptarlas a las nuevas circunstancias, para llenar los vacíos que habían quedado y aprovechar los adelantos y progresos tenidos en la vida política. Durante los debates suscitados sobre el propuesto restablecimiento de la Constitución de 1824, en respuesta a esa propuesta formulada por el diputado Castañeda, Arriaga expresó que la comisión reconocía todo el mérito de ella, pero consideraba que no convenía que se mantuviese como ley inmutable y después declaró que la comisión había querido seguir la ley del progreso y que en su proyecto no había un solo artículo que fuese contrario al espíritu de la Carta de 1824.

Se preguntaba el mismo Arriaga a qué se debían la tribuna, la libertad de imprenta, la división de poderes, la soberanía del pueblo y todos los elementos y atributos del sistema republicano y libre, y qué se había tenido en la carrera pública que no debiera su origen al principio fecundo de la Constitución de 24. Ya resuelto que el proyecto presentado se iría a basar en el mismo principio federativo de la Constitución de 24 y que su texto iría a servir de plan para introducir las debidas reformas, advirtió que cabía preguntarse si bastarían algunas reformas o enmiendas, sin tocar las cuestiones radicales del país.¹³

Importa recordar que parte de los artículos se referían sobre todo al diseño de los poderes y a la relación entre ellos, lo que sumariamente implicaba plasmar en la constitución por aprobar una separación funcional rígida, atribuyendo a cada poder funciones que debían cumplir en exclusiva, de acuerdo con la ingeniería constitucional consagrada en 1824. El lector advertirá que un entramado institucional así se alejaba de la forma parlamentaria de gobierno. Ahora bien, la experiencia ha probado, y así lo ha corroborado la doctrina, que la separación funcional rígida de los poderes conduce a la supremacía del Legislativo, lo que cuadraba muy bien con el propósito del Congreso.

Así, el apremio por presentar lo antes posible, después de tantas demoras y obstáculos, una constitución aprobada ante la opinión pública —vencida ya la resistencia de conservadores y liberales moderados ante el contundente argumento de la semejanza de los artículos del proyecto con los de la Constitución de 1824 y asegurada la supremacía del Legislativo— es comprensible que, salvo el tema del Senado y el del veto presidencial, el debate sobre el diseño institucional pasara con menos ardor que otros temas y su aprobación se hiciera con cierto desgano, tanto más debido a que el Congreso dispuso que todos esos artículos fueran discutidos de una sola vez y votándose separadamente.¹⁴ Claro está que no fue éste el derrotero que siguió la discusión sobre la relación Estado-Iglesia o menos aún la relativa a la intolerancia religiosa, pues fueron éstos debates intensos y ríspidos.

Pero la historia no se detiene ahí. Años después, como reacción al golpe de Huerta y al asesinato del presidente Madero, la legislatura de Coahuila desconoció al usurpador y autorizó al gobernador para armar fuerzas y coadyuvar al restablecimiento del orden constitucional. El 26 de marzo de 1913 un grupo de militares emitió el Plan de Guadalupe, que ratificó el decreto de la legislatura, dio al ejército en formación el título de constitucionalista, reconoció al gobernador Carranza como jefe de tales fuerzas y dispuso que, al llegar a la Ciudad de México, quien ocupara en ese momento tal cargo, se ocuparía interinamente del Poder Ejecutivo Federal y convocaría a elecciones generales; Carranza se adhirió al Plan. Tanto la conducta de la legislatura de Coahuila como la de Carranza se ajustaban al principio de inviolabilidad de la Constitución, que determinaba que ésta no perdería su fuerza en vigor aunque una rebelión la interrumpiera y que, tan pronto el pueblo recobrara su libertad, se restablecería su observancia.¹⁵

El 14 de septiembre de 1916 el jefe de la Revolución resolvió convocar a un Congreso constituyente extraordinario, resumiendo así los propósitos de las reformas proyectadas al triunfo de este movimiento: se respetaría escrupulosamente el espíritu liberal de la Constitución de 1857 y sólo se purgarían los defectos que tenía, ya por la contradicción y oscuridad de algunos de su preceptos, ya por los huecos que había en ella, o por las reformas que con el deliberado propósito de desnaturalizar su espíritu original y democrático le hicieran las dictaduras pasadas. Expresaba además que si bien la Constitución de 1857 había previsto un procedimiento para su reforma, dicha norma no era obstáculo para que el pueblo hiciera uso del derecho consignado en el artículo 39 de la misma Constitución, que, como titular de la soberanía, tenía de alterar o modificar, en cualquier tiempo, la forma de su gobierno.

Y es que en efecto, después de una cruenta lucha y ya victorioso, al movimiento constitucionalista se le habían abierto varios caminos: la restauración lisa y llana de la Constitución; su revisión, apegándose al procedimiento previsto en ella, lo que en ambos casos demoraría o obstruiría las reformas sociales prometidas, o bien la convocatoria a un Congreso Constituyente encargado de reformar la Constitución de 1857 o emitir una nueva.¹⁶

Finalmente, el presidente del Congreso Constituyente de Querétaro, al referirse al proyecto constitucional entregado para su discusión por el Primer Jefe, manifestó que contenía las diversas reformas que eran indispensables para adaptar la Constitución de 1857 a las necesidades más hondas y a las nuevas aspiraciones del pueblo mexicano, y en la sesión final de 31 de enero de 1917 el propio presidente denominó la nueva Constitución de 1857 a la obra llevada al cabo por esa Asamblea Constituyente y reformada en esa ciudad.

Es así, dice Martínez Báez, que podemos afirmar, con mucha seguridad, que en la asambleas nacionales constituyentes reunidas en los años de 1856 y 1916, que dieron como sendos frutos las constituciones federales de 1857 y 1917, solamente fueron objeto de especiales deliberaciones aquellos preceptos novedosos o que contenían reformas sustanciales respecto a la ley suprema inmediata anterior, o bien se discutieron algunas modificaciones de detalle, de cifras o de simple estilo de los preceptos sometidos a revisión o enmienda; de igual forma se discutió que en la actuación de ambas asambleas varios de los principios políticos fundamentales, dogmas y fórmulas programáticas enunciados en la obra del segundo Congreso Constituyente, reunido en los años de 1823-1824, tuvieron una recepción legislativa, literal o íntegra, sin el menor debate sustancial, ni examen crítico alguno y, consiguientemente, sin dejar ninguna huella escrita en las actas parlamentarias o en las transcripciones de los discursos de los diputados en los periódicos de las respectivas épocas.¹⁷

Con la argumentación precedente, espero haya quedado documentada la continuidad de los principios contenidos en el Acta Constitutiva y en la Constitución de 1824 y, con ella, la extrema importancia que para la historia del constitucionalismo mexicano tienen los debates habidos y los acontecimientos que rodearon al Congreso Constituyente, que iniciara sus tareas con su instalación, el 7 de noviembre de 1823 y concluyeran el 4 de octubre de 1824 con la aprobación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. No menos importante es cómo fue aplicada en sus años de vigencia, esto es, la forma en la que se interpretó.

El lector encontrará que en este trabajo una parte sustancial se encuentra en las aportaciones y debates habidos en las sesiones del Congreso Constituyente y que mucho de este material no esta citado entre comillas o en cursivas. Si se hizo así fue para aligerar la lectura, no obstante, se procuró que el texto registrado estuviese lo más apegado posible a la fuente de la que proviene, que por lo demás está claramente identificada. También es advertible la discontinuidad cronológica en los debates citados, que se explica porque ante la falta de consenso sobre algún tema, éste se dejaba inconcluso y se pasaba a otro, posponiendo su continuación y votación para mejor coyuntura. Y aquí se hace notable una muy importante característica del espíritu que animó a los debates: el afán de conciliar, la búsqueda por tender puentes entre las posiciones encontradas; de ahí que sean frecuentes las soluciones de compromiso, como las adoptadas sobre la organización del Poder Ejecutivo o la del federalismo y, no menos frecuentes, los sincretismos entre las concepciones de Antiguo Régimen con las liberales.

Para explicarnos lo anterior debemos tener en consideración la situación de peligro ante la que se encontraba la Nación. En el exterior, la amenaza siempre presente de la tentativa de reconquista por parte del Imperio español o la vuelta de Iturbide. En el interior, los intentos separatistas de las provincias impacientes que urgían la adopción del federalismo y el amago permanente de brotes insurreccionales a todo lo largo y ancho del territorio, que tuvieron lugar durante la celebración del Congreso Constituyente y que se prolongaron durante décadas.

A lo largo de la elaboración del trabajo, quien esto escribe contrajo numerosas deudas de gratitud, que no debo dejar de mencionar. En primer término, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde sirvo cátedra desde hace más de tres decenios y que ha sido un estímulo para esta investigación; con su director, el doctor Fernando Castañeda Sabido, por su apoyo para la culminación de ésta. A mis colegas y amigos del Seminario de Historia del Derecho debo sugerencias, ideas y aclaraciones, producto de sus presentaciones y discusiones en las sesiones sostenidas. De especial manera agradezco a Elisa Speckman, a María del Refugio González y a Andrés Lira. Mi gratitud a Pablo Mijangos, por su una lectura experta de una versión del trabajo y valiosas observaciones que me ayudaron a mejorarlo. Agradezco también el trabajo de corrección del maestro Javier Sanvicente Añorve. No hubiera sido posible la culminación de este trabajo sin la comprensión, paciencia y cálido apoyo de Jacqueline, mi esposa y compañera, y el estímulo cariñoso de mis hijos, Juan Pablo, Yuriria, María José y Julia, y el de mis nietos Ana Fernanda, Rodrigo y Abril.

Ciudad Universitaria, Coyoacán
Marzo de 2015

DAVID PANTOJA MORÁN

Bases del constitucionalismo mexicano

LA CONSTITUCIÓN DE 1824 Y LA TEORÍA CONSTITUCIONAL

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