Redes cercanas. El capital social en Lima
Javier Díaz-Albertini F.
Colección Investigaciones
Redes cercanas: el capital social en Lima
Primera edición digital, noviembre de 2016
© |
Universidad de Lima |
Diseño, edición y carátula: Fondo Editorial de la Universidad de Lima
Versión ebook 2017
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Lima - Perú
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ISBN versión electrónica: 978-9972-45-380-9
Presentación
1. Principales objetivos, hipótesis e indicadores
2. Metodología
3. Organización del libro
Capítulo 1. Los espacios de nuestro entendimiento
1. Nuestro orden fragmentado y particular
2. Al rescate de las normas de convivencia
3. Una investigación exploratoria desde la estructura y el capital social
Capítulo 2. Las virtudes del capital social
1. Cuáles son los recursos y dónde se encuentran
2. Los beneficios del capital social
3. Capital social: ¿Solo valores de retorno económico?
4. Definiendo el capital social
Capítulo 3. La confianza
1. Las múltiples dimensiones de la confianza
2. La contribución de la confianza al orden social
3. Cuánto y en quiénes confiamos: La confianza interpersonal
4. Las implicancias de una confianza limitada a lo cercano e íntimo
Capítulo 4. La legitimidad de la norma
1. La confianza y la norma
2. Las condiciones que conducen a la legitimidad/efectividad de la norma
3. Un entorno poco integrado y excluyente
4. Sin acatamiento de normas, ¿existe orden?, ¿existe capital social?
Capítulo 5. La densidad de las redes
1. Capital social y redes
2. Nuestra asociatividad: Juntos pero no revueltos
3. El capital social en tanto redes: Estudios en el Perú
4. Jugando en “cancha chica”
Reflexiones finales
Anexo
Bibliografía
Desde hace más de veinticinco años dicto cursos sobre la realidad nacional. En la primera semana de clase hago hincapié en que toda interpretación de la realidad es valorativa y que está informada, de un modo o de otro, por ciertos efectos producto de nuestra posición social.1 Con este señalamiento busco incentivar una actitud crítica con respecto a lo que los alumnos leen y escuchan en el aula. Asimismo, es una forma de alentar a que participen y presenten sus puntos de vista. Les advierto, sin embargo, que la apertura a opiniones solo tiene un límite claro: no se considera válido que, ante la diversidad de problemas que tiene el país, utilicen la sentencia “así somos los peruanos” como intento de explicarlos.
¿Qué hay detrás de esta sentencia que escuchamos con frecuencia al comentar la última viveza del corrupto, la dejadez de las autoridades, la laxitud en la aplicación de las normas (suspensión de las revisiones técnicas de los vehículos, permanentes amnistías para el pago de los arbitrios municipales y el impuesto predial), la falta de indignación de los ciudadanos ante hechos condenables? Sin duda expresa una serie compleja de actitudes, visiones y estados de ánimo. Es una clara señal del fatalismo que nos invade cuando vemos que el país no cambia y que la historia de frustraciones parece repetirse. Es una forma de justificarnos a nosotros mismos, ya que casi todos, de alguna manera, hemos sacado provecho de reglas poco claras y sanciones relativizadas. Pero también es un modo de no querer profundizar nuestra comprensión de cómo somos porque es un ejercicio difícil y, por qué no decirlo, doloroso.
Deambulamos, entonces, por el mundo echándole la culpa a una cultura que nos condena, pero de la cual, paradójicamente, muchas veces nos sentimos orgullosos. Cuantas veces he escuchado la leyenda urbana sobre un accidente en cadena en una autopista de un país europeo (normalmente se selecciona a alguno obsesivamente ordenado como Suiza o Alemania), en el cual estuvieron involucrados decenas de autos, menos uno que logró esquivar a todos. ¿Quién lo conducía?: un peruano, que acostumbrado a hacerle frente a micros, buses, mototaxis, triciclos y peatones que zigzaguean en las vías públicas, tenía la capacidad de esperar lo inesperado y los reflejos necesarios para actuar ante lo aleatorio.
Basta hurgar solo un poco para cuestionar esta sentencia fatalista. Siempre he trabajado en universidades en las cuales se cumplen los cronogramas, se respetan las normas y ni una sola vez se me ha acercado un alumno o alumna para “arreglar” una nota. He sido testigo de clubes sociales con niveles altos de convivencia pacífica y donde se respeta al personal cuando se le llama la atención por algún tipo de falta (conducir muy rápido, ocupar más sillas de las permitidas...). He viajado por el país y me he hospedado en comunidades campesinas y caseríos organizados, con niveles bajísimos de delincuencia y un alto sentido de pertenencia y compromiso con la localidad. He visto cómo en asentamientos humanos hay un profundo sentido de solidaridad en la adversidad y son raros los casos de inescrupulosos que intentan sacar provecho de sus vecinos. Y podría continuar con una larga lista de “otros” peruanos y peruanas que destacan como ciudadanos y vecinos en su quehacer cotidiano, en su participación en asambleas, en sus contribuciones voluntarias, en su sacrificio por la comunidad.
¿Por qué esta contradictoria diversidad de conductas y actitudes? ¿Nos encontramos ante dos subculturas en pugna por determinar nuestra identidad? ¿O será que estamos refiriéndonos a las mismas personas pero en diversos espacios y momentos? Estas preguntas me condujeron a diseñar una investigación exploratoria que intentara analizar y explicar por qué nos comportamos de estas maneras tan contradictorias. En este intento me anteceden muchos estudiosos, que desde diversas ópticas, especialmente en los últimos años, han examinado nuestra tendencia hacia la informalidad y la displicencia con respecto a la norma. Como veremos más adelante, algunos concluyen que el problema es el mismo marco jurídico que excluye a las mayorías y no deja otra opción que actuar al margen de estas; otros examinan los cimientos de nuestra cultura criolla y cómo la sociedad colonial permitía la laxitud para compensar la exclusión que sufrían los hijos de españoles nacidos en nuestra tierra; otros más se han fijado en las instituciones y cómo han fallado en su tarea de promover nuestros derechos y hacer cumplir las leyes; y para otros el problema es que se ha instalado entre nosotros la anomia, debido a que nuestros valores y normas no han cambiado al mismo ritmo que los procesos sociales y nos encontramos sin valores ni reglas claras para enfrentar las nuevas situaciones.
Este bagaje académico me ofrecía la base fundamental para examinar nuestras formas de sociabilidad desde una óptica poco explorada pero complementaria con lo avanzado hasta el momento. Desde hace unos años he estado trabajando el concepto de capital social, especialmente su relación con el desarrollo y la democracia, y encontré que sería una herramienta útil para indagar sobre los mecanismos detrás de nuestra acción colectiva. A pesar de sus múltiples definiciones, existe un amplio acuerdo de que el capital social se refiere al conjunto de recursos con que cuenta un actor social (individual o colectivo) por ser parte de determinadas estructuras o redes sociales. Es decir, los recursos que necesito (afectivos, materiales, informativos, etcétera) están en posesión de otros y otras, y mediante mis vínculos con ellos y ellas es que puedo satisfacer mis necesidades y lograr mis objetivos. En mis vínculos, entonces, es que hallo el capital social del cual dispongo.
Bajo esta óptica, los tipos de vínculos que tienen las personas influyen fuertemente en sus actitudes y conductas. Es evidente, por ejemplo, que mi conducta será diferente si consigo un préstamo de mis padres que si lo tramito en un banco. El monto del recurso —en este caso la cantidad de dinero— puede ser igual, pero las obligaciones adquiridas se enmarcan dentro de planos distintos de orientación de mi conducta. Asimismo, las consecuencias de mis acciones serán diferentes, por ejemplo, si me retraso en el pago.
La hipótesis general de esta investigación es que muchos de los principales vínculos que conforman las redes importantes de los peruanos siguen estableciéndose por la cercanía. Esto favorece el predominio de orientaciones particularistas hacia los demás, eso es, por reglas, acuerdos y contratos informales negociados de acuerdo a los criterios propios y subjetivos de las mismas relaciones. Con frecuencia estas orientaciones entran en contradicción con los valores y normas de carácter universalista que caracterizan la vida de sociedades e instituciones formales que, a pesar de existir, no han logrado calar suficientemente en la vida cotidiana o en los asuntos de mayor importancia de un conjunto significativo de los miembros de nuestra sociedad. Como consecuencia, el problema de nuestras acciones no solo puede ser analizado desde una vertiente cultural (los valores y las normas que hemos aprendido), sino que debe incluir un análisis de la estructura de nuestros vínculos y las condiciones bajo las cuales accedemos a los recursos y oportunidades sociales.
El concepto de capital social encaja perfectamente con esta tarea, ya que nos lleva a examinar cómo está constituido y cuáles son las principales características de los recursos sociales que favorecen la acción colectiva. Por ejemplo, la literatura sobre capital social señala que la confianza es un recurso valioso porque reduce la incertidumbre y los costos de transacción. Varios estudios y sondeos nacionales muestran que, en términos generales, los niveles de confianza interpersonal e institucional entre los peruanos son bastante bajos. Sin embargo, al indagar en una muestra representativa de limeños y limeñas sobre qué personas e instituciones son más confiables, se encontró una clara tendencia en señalar a los familiares como el único conjunto social que destaca por contar con niveles altos de confianza. ¿Qué implicancias tiene este hecho en las formas como nos organizamos, construimos nuestros valores, nos relacionamos, realizamos negocios, entre muchos otros factores? Este es el tipo de pregunta que intentaremos responder.
Desde un inicio se planteó una investigación exploratoria cuyo énfasis estuviera puesto en medir tentativamente el capital social en Lima metropolitana. Sobre esta base, buscaba aproximarse al tipo de fuentes disponibles de capital social y de qué manera variaban según características seleccionadas de la población, como son el nivel socioeconómico, la edad y el género. Esta información nos permitiría, a su vez, apreciar cómo las fuentes predominantes de sociabilidad podrían conducir a ciertos patrones de relaciones interpersonales y conductas.
Se consideró pertinente utilizar como fuentes del capital social aquellas propuestas por los teóricos e investigadores más reconocidos en la temática, especialmente Bourdieu, Coleman, Putnam, y se tomó en cuenta el análisis crítico de Alejandro Portes. Los indicadores utilizados se construyeron sobre tres fuentes del capital social, a saber:
• La confianza interpersonal e institucional.
• La legitimidad y efectividad de las normas, definida como el nivel de creencia en la pertinencia de las normas, del cumplimiento de las diversas normas sociales (costumbres, hábitos sociales, ordenanzas, leyes) y la capacidad de las diversas organizaciones sociales de infligir sanciones. La efectividad de las normas depende, a su vez, del grado de institucionalidad existente en la sociedad.
• La densidad de las redes sociales, prestando especial atención a los tipos de vínculos existentes como medio para acceder a recursos y oportunidades.
Como veremos en el segundo capítulo, no existe un acuerdo unánime sobre la validez y la pertinencia de estos indicadores. Hay investigadores, como Portocarrero et al. (2006), que arguyen que variables como la confianza son difíciles de medir y que solo constituyen una aproximación (proxy) a lo que es el capital social. En su estudio del capital social en organizaciones sociales, por ejemplo, estos investigadores prefieren limitar la medición del capital en términos de los retornos económicos que reciben los individuos por participar en ciertas redes sociales. Lin (2001), por su parte, considera que al analizar la efectividad de las normas no se está midiendo capital social, sino cuán bien responden las normas a las expectativas de los individuos. Para este autor, las principales expectativas giran en torno al acceso a los recursos y oportunidades insertas en las relaciones o redes sociales. Si las normas formales cumplen bien con estos propósitos, entonces son efectivas.
En el fondo, esta discusión se alimenta del debate sociológico general y de los dilemas teóricos que han acompañado la disciplina desde sus inicios. Temas como el carácter y existencia de normas, su internalización y el efecto que tienen sobre la conducta humana, en qué forma contribuyen al orden o, en todo caso, a la ilusión de orden, siguen siendo importantes y vigentes. Sin duda, es cierto que resulta difícil especificar un conjunto reducido de factores que alientan y alimentan la sociabilidad y la acción colectiva humana. Sin embargo, es bastante claro que la confianza mutua, el cumplimiento de obligaciones y el estar inserto en una densa red de relaciones, son elementos esenciales que facilitan la acción colectiva y reducen los riesgos que conlleva asociarse a los demás. De por sí, estos elementos pueden ayudarnos a explicar por qué resulta más factible la convivencia social en algunas sociedades en comparación con otras. No consideramos que la discusión sobre lo que constituye o no recursos de “sociabilidad” radique en la importancia que tienen la confianza, las normas y las redes en la facilitación de la acción social, sino más bien si llegan a constituir un “capital” en el sentido de asegurar un flujo de beneficios futuros sobre la base de una inversión inicial. Esta es una duda importante porque si no cumplen con estas condiciones, haríamos mal en denominarlo “capital”.
Debido a que el término capital social aún está en plena construcción y depuración, también resulta apropiado el carácter exploratorio propuesto para esta investigación, ya que nos permite examinar un número mayor de variables e indicadores y observar cuán bien explica las formas como nos relacionamos. El sociólogo chileno Vicente Espinoza (2001) señaló muy bien que, por el momento, resultaba más conveniente ver el capital social como un concepto “sensibilizante”, en el sentido de que nos obliga a examinar los elementos que posibilitan que las personas se acerquen y construyan sociedad. Dependiendo de las particularidades de la confianza, de las formas de obligaciones mutuas y reciprocidades y de los tipos de vínculos que dominan en nuestras relaciones, generamos nuestras realidades sociales y formas específicas de orden social.
Sobre la base de estudios previos, fue posible perfilar algunas hipótesis de trabajo sobre el capital social en Lima. En términos generales, la evidencia apunta hacia niveles relativamente altos de un capital que podríamos denominar ‘microsocial’, es decir, de la sociabilidad propia de grupos relativamente pequeños y cercanos a los actores sociales. La mayoría de estos grupos cercanos (familia y parientes, comunidad o vecindad, clubes sociales), sin embargo, se encuentran desarticulados entre sí y del resto de la sociedad. En cambio, los niveles de capital ‘macrosocial’, aquel vinculado a las instituciones modernas, aún presentan serias limitaciones y debilidades, lo cual compromete la debida universalización de derechos y deberes y su plasmación en nuestras relaciones cotidianas.
Nuestra hipótesis es que esta divergencia o falta de interconexión entre lo micro y lo macro debería notarse con claridad en cada una de las fuentes de capital social propuestas (confianza, efectividad de normas, densidad de redes). En términos de confianza, la tendencia sería a lo que Fukuyama (1996) denomina una sociedad “familista”, significando que confiamos principalmente en los que forman parte de nuestro entorno familiar y de cercanía social. Esto se puede apreciar indirectamente en un estudio de valores realizado en 1996, en el cual solo 5 por ciento de los peruanos afirmaron que se podía confiar en la mayoría de la gente (Romero y Sulmont 2000). En comparación con otros cincuenta países del mundo, el Perú ocupaba el penúltimo lugar en términos de confianza interpersonal (en último lugar estaba Brasil con 3 por ciento y en primer lugar Noruega con 65 por ciento). En el mismo estudio, el país obtuvo índices muy bajos con respecto a la confianza en el sistema político, alcanzando solo 20 sobre 100 en el índice de confianza en las instituciones políticas. Mientras que en el caso de Brasil, a pesar de la baja confianza interpersonal, el índice era de 42 sobre 100.
Diversos estudios y encuestas señalan que las normas formales son poco efectivas y que existen niveles altos de lo que la institución Proética (2003, 2004, 2006) denomina “corrupción cotidiana”. La mayoría de los peruanos tienden a ser medianamente tolerantes con actos corruptos, deshonestos e incluso delictivos, como el hurto. Analistas como Santos (1999) y Vallaeys (2002) consideran que la efectividad de la norma está en función de: a) la percepción de que los otros son iguales en la interacción y, por ende, merecen los mismos derechos y consideraciones que espera tener uno mismo; y b) la capacidad sancionadora del grupo o entorno social. Así, las normas son más efectivas en algunas comunidades (campesinas, asentamientos), asociaciones (clubes, condominios, gremios) e instituciones (universidades), en las cuales se ve al otro como vecino, compañero, colega, amigo, socio y es una relación valorada. Las sanciones son efectivas porque el incumplimiento de la norma pone en juego la posibilidad de seguir participando plenamente en el grupo y por el estigma social.
Por último, las redes sociales en nuestra sociedad tienden a ser “insulares”, es decir, con pocos vínculos entre ellas. Este aislamiento entre redes es una de las manifestaciones estructurales de la exclusión y marginación en el país. De ahí que puedan existir niveles altos de asociatividad —medida como participación en grupos y organizaciones— pero niveles bajos de relaciones o vínculos transversales que interconecten sectores socioeconómicos, zonas geográficas, grupos étnicos, entre otros. Este relativo aislamiento afecta con mayor fuerza a los pobres y pobres extremos, ya que sus redes tienden a estar constituidas por individuos de su misma condición, existiendo así dificultades en la ampliación de oportunidades y el acceso a recursos económicos y políticos (Díaz-Albertini 2001, Tanaka 2001). La segregación entre redes, especialmente en términos de ingresos y estatus social, es uno de los factores detrás de la concentración de recursos en un número reducido de relaciones sociales. También explica la importancia de actores externos —como las organizaciones no gubernamentales (ONG)— ya que cumplen la función de intermediarios y vinculan a las comunidades y organizaciones aisladas con la sociedad formal. Según Narayan (1999), las sociedades constituidas fundamentalmente con grupos insulares tienden a la exclusión (cuando el Estado funciona) o al conflicto (cuando el Estado es ineficiente).2
Sobre la base de estas constataciones preliminares, se plantearon las siguientes hipótesis de trabajo:
• La confianza mutua en Lima tiende a estar limitada a las relaciones más cercanas, especialmente familia, amigos y comunidad (vecinos) debido a la debilidad de las instituciones formales.
• La efectividad de las normas (medida de acuerdo a nivel de cumplimiento y capacidad de infligir sanciones) está en directa relación con la cercanía de la institución u organización en la vida cotidiana del actor social.
• Los integrantes de los niveles socioeconómicos (NSE) de menores ingresos tienden a participar más en organizaciones sociales y en sus comunidades.
• Las redes sociales de los pobres tienden a ser horizontales y de vínculos fuertes con pocas relaciones verticales y acceso a recursos.
• Las redes sociales de los niveles socioeconómicos de mayores ingresos son más diversas, incluyendo horizontales y verticales, ampliando así su acceso a recursos sociales, económicos y políticos.
Como analizamos en la sección anterior, las razones detrás de la decisión de realizar una investigación exploratoria fueron varias. En primer lugar, el concepto de capital social aún está en construcción y no existen acuerdos amplios sobre su definición y formas de medirlo. De ahí que lo que se intenta es una aproximación a su medición, que servirá para depurar indicadores y métodos. En segundo lugar, a pesar de que existen estudios parciales sobre capital social en Lima, normalmente limitados a sectores específicos de la ciudad, no se cuenta con un estudio a escala metropolitana, lo cual implica, entre otros factores, un análisis macrosocial.3 No se contaba, entonces, con experiencias previas que hubieran permitido una selección más rigurosa de variables e indicadores, al igual que mayor precisión en la formulación de hipótesis. En tercer lugar, y derivado de lo anterior, el interés era mostrar la pertinencia de cierta forma de examinar la realidad (estructural) y su relación con otros tipos de lecturas (histórica, legal, cultural, institucional). El interés en esta etapa era identificar las características más saltantes de los vínculos sociales a los que recurrimos los limeños y limeñas para diversos aspectos de nuestro quehacer económico, político y social.
Para esta identificación, se consideró pertinente utilizar dos principales fuentes de información:
• En primer lugar, las abundantes fuentes secundarias —estudios, investigaciones, sondeos— que han abordado los temas de confianza, capital social, institucionalidad, respeto a las normas, corrupción, redes sociales, percepción de igualdad, ejercicio de derechos, entre otros. Esta información permitió observar tendencias en la relación de los actores sociales con el medio institucional político, económico y social, a la vez que permitieron inferir las posiciones y actitudes asumidas con respecto a la formalidad. Asimismo, ofreció un marco comparativo para los resultados obtenidos en la encuesta aplicada en el marco de esta investigación. Durante el desarrollo del presente documento se hará mención y analizará este rico bagaje.
• En segundo lugar, se diseñó y aplicó una encuesta a una muestra representativa de la población adulta limeña para precisar diversos aspectos de nuestra sociabilidad. La encuesta estaba dirigida a captar la situación del capital social, principalmente en las tres dimensiones escogidas: la confianza, la efectividad de las normas y la densidad de las redes sociales. Por su carácter representativo, además, permitió comparar orientaciones y actitudes entre los diferentes niveles socioeconómicos.4
Para el desarrollo del cuestionario de la encuesta, se consultaron y revisaron múltiples experiencias de medición de capital social, las cuales describo brevemente en orden de importancia.
• Cuestionario integrado para la medición del capital social (Banco Mundial, 2002). Confeccionado por expertos del Banco Mundial, la propuesta de cuestionario se nutre de varias experiencias de encuestas aplicadas a escala mundial. En realidad son dos cuestionarios. El primero es para medir exclusivamente el capital social y consta de más de ochenta preguntas. El segundo es un cuestionario breve, diseñado para anexarlo a las llamadas “encuestas a hogares”.
• Barómetro de capital social en Colombia, encuesta realizada en 1997 a más de tres mil personas en todo el país. Con cerca de ochenta preguntas orientadas fundamentalmente a medir el grado de asociatividad y la participación.
• Informe de Desarrollo Humano en Chile del 2000 (PNUD, 2001), elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el cual incluye una sección sobre capital social. En el estudio se realiza un inventario de las asociaciones u organizaciones y una batería de preguntas acerca de la confianza, asociatividad y reciprocidad.
• Encuesta a Hogares en Gran Bretaña del 2000 (Coulthart et al., 2002), que incluyó una sección sobre capital social y su relación con la salud. Las preguntas tienden a estar orientadas a las redes sociales, el sentido de pertenencia e identidad con la comunidad y la evaluación del presente y el futuro.
• World Values Survey (Los Estudios de Valores), que analiza, en términos comparativos, los valores compartidos en sociedades nacionales de cerca de setenta países. En 1997, 2001 y 2006 el Perú estuvo incluido en la muestra y los resultados pueden examinarse en <http://www.worldvaluessurvey.org/>.
• Encuestas de capital social en: a) Uganda y b) Tanzania, estudios patrocinados por el Banco Mundial en 1996-1997.
Al elaborar el cuestionario también interesaba formular las preguntas de tal manera que pudieran ser comparadas con los resultados de los estudios mencionados, especialmente los de carácter internacional (por ejemplo, estudios de los valores) y los netamente nacionales. Preocupados, además, con el efecto que pudiera causar el tedio y aburrimiento de un cuestionario largo y complejo, lo limitamos a cuarenta preguntas (véase el anexo).
El libro está organizado en cinco capítulos. El capítulo 1 se inicia con una breve presentación de las dificultades que existen en la sociedad peruana para respetar las normas denominadas “formales”, a pesar de que la mayoría de las personas consideran que son importantes y que el país sería mejor si los ciudadanos y ciudadanas cumplieran con ellas. A continuación examinamos cómo estas dificultades han sido abordadas por las ciencias sociales y explicamos por qué es importante una aproximación estructural al estudio de esta problemática. Con el término estructural, nos referimos a las formas como tienden a construirse y ordenarse las relaciones sociales, principalmente en el proceso mismo de la interacción social.
En el capítulo 2, se da paso a una revisión del concepto de capital social y cómo es aplicado en la investigación. Para ello, primero revisamos brevemente el término y los principales debates al respecto. Esto nos permite ir depurando la definición para arribar, paulatinamente, a la que ha guiado el presente estudio. Al tomar posición con respecto a la teoría, las hipótesis y las principales variables, iremos respondiendo a algunas críticas, especialmente acerca de las fuentes y los efectos del capital social. Al finalizar el capítulo presentamos nuestra perspectiva y explicamos las principales fuentes de capital social: confianza, legitimidad de la norma y densidad de redes. El análisis de estas fuentes constituye los temas de los capítulos que siguen.
En el capítulo 3 iniciamos el análisis de los hallazgos y explicamos la confianza como fuente del capital social y las características que asume en la sociedad limeña. En un primer momento estudiamos el concepto en sí, buscando establecer los parámetros utilizados en la investigación. Luego examinamos los resultados de la encuesta y otras fuentes de datos, los cuales, como hemos adelantado, tienden a enfatizar el carácter “familista” de nuestra confianza. Finalizamos el capítulo con una discusión de las implicancias de este carácter, analizando el posible impacto que tiene sobre las formas como priorizamos nuestra acción y orientamos nuestra conducta y actitudes.
El capítulo 4 está dedicado a analizar la legitimidad de la norma y su grado de efectividad. Evidentemente, haremos esto desde el punto de vista de los actores sociales, enfatizando en sus opiniones acerca de los niveles de cumplimiento, las razones detrás de ello y cómo explican la debilidad de la norma formal. Antes de analizar los resultados de nuestra encuesta y de otros estudios, discutimos los procesos y las condiciones básicas detrás del proceso de interiorización y acatamiento de la norma. Sobre la base de los estudios realizados y nuestra encuesta inferimos la difícil relación que se construye entre los actores y los diversos contextos por los cuales transitan en su vida cotidiana. Trabajamos con una hipótesis principal: existe poca integración entre estos contextos, lo cual lleva a la conducta a una gran diversidad de orientaciones. Esto nos ayuda a entender por qué las instituciones son débiles y por qué no llegan a los diversos contextos. El énfasis del análisis está puesto en la oposición particularista-universalista y como la debilidad de las instituciones ha llevado a la personalización de los criterios en el cumplimiento de las obligaciones mutuas. Para algunos autores, como Vallaeys (2002), esto alimenta la “cultura del arreglo”.
El análisis de la densidad de redes es el tema del capítulo 5. Para ello, contaremos principalmente con información secundaria, ya que la encuesta que aplicamos solo tenía algunos referentes indirectos al tema. La discusión comienza con una revisión de la perspectiva de redes en las concepciones sobre el capital social. Luego describimos de manera sucinta las formas de participación más comunes en la sociedad limeña y continuamos con el análisis de redes realizado por diversas investigaciones. Enfocaremos nuestra atención en la ausencia o debilidad de redes transversales, es decir aquellas que permiten vincular a peruanos de diferentes posiciones sociales, y el probable efecto que tiene en nuestra estructura social. Este carácter insular de las redes encaja perfectamente con lo observado en términos de confianza (familista) y de la efectividad de las normas (particularismo).
Cierra el libro el acápite titulado “Reflexiones finales”, dedicado a elaborar las principales ideas y aportes de la investigación. Nos interesa indicar con claridad cuál es la agenda de investigación para el futuro y cómo podría contribuir a profundizar nuestro conocimiento de la difícil relación con la norma, cómo esto contribuye a la exclusión y los retos que plantea para la construcción de una sociedad democrática.
Durante el proceso de investigación conté con el análisis crítico de mis colegas de los cursos de Introducción a las Ciencias Sociales y de Problemática Nacional, agradezo a todos y especialmente a Liuba Kogan. Raquel Northcote fue —como siempre— entusiasta apoyando y acompañando todo lo que es importante en mi vida.
Finalmente, dedico el libro a Kai y Miguel, hijos fabulosos que cada uno —a su manera— evocan el verso sencillo de José Martí:
Oigo un suspiro, a través
De las tierras y la mar,
Y no es un suspiro, —es
Que mi hijo va a despertar.
En el fondo, la alternativa es comer o ser comido. Abusar o ser abusado. La conchudez, la forma criolla del cinismo, se justifica como una suerte de “guerra preventiva”, como la única actitud realista que permite lograr la sobrevivencia. La idea es que no me queda más que adelantarme a hacer lo que no se debe, pues de otra manera otros lo harán y sería yo el perjudicado. Es claro que el problema es social y cultural antes que personal.
Gonzalo Portocarrero
ROSTROS CRIOLLOS DEL MAL
En el presente capítulo realizaremos un recorrido bastante singular, ya que transitaremos entre expresiones sociales —algunas cotidianas— de los mecanismos que utilizamos para generar “orden” y los intentos intelectuales (que también son expresiones) de explicarlos. Como veremos, hay una difícil correspondencia entre lo que sucede en la realidad y lo que los analistas consideran pertinente o importante.1 Esto se evidencia cuando se estudia la relación entre las normas “formales” y el papel que deberían jugar en el ordenamiento de comportamientos y sociedades.
Empezamos este capítulo con una descripción de cómo en el Perú construimos órdenes fragmentados y parciales, en los cuales tiende a dominar la informalidad, el personalismo y el contexto específico. La norma formal moderna con su pretendida “universalidad” está presente fantasmagóricamente en estos procesos variados de construcción, pero su efectiva incidencia en los patrones de conducta de los participantes no es algo que está sobreentendido, sino que es parte de las negociaciones entre los actores. En otras palabras, la normatividad conocida de forma pública no es necesariamente “reconocida” y aplicada, sino que pasa por un proceso de apreciación del contexto; de ahí la pertinencia de su acatamiento. Concluimos con la hipótesis de que lo informal —siempre entendido como una institucionalidad parcial basada en lo particular— es lo que domina la determinación de nuestra conducta, en la línea de lo que Buarque de Holanda (1994) llama la “exaltación de la personalidad” sobre cualquier otra voluntad social o colectiva.
Después pasamos a una constatación singular, por no decir paradojal: hasta hace poco, las ciencias sociales nacionales prestaban poca atención al papel de las normas formales en el orden social. Se analiza cómo estas disciplinas surgen con cierta fobia a la norma por considerarla “sospechosa”, “injusta” o “discriminatoria”, mientras que la informalidad representaba lo contrario. A partir de los años noventa, sin embargo, hay una paulatina reincorporación de lo normativo-formal en los análisis socioculturales debido a muchos factores, pero especialmente a la importancia que revisten los derechos humanos en las nuevas teorías de desarrollo y en las agendas de cambio social. Terminamos esta sección examinando brevemente algunas de las contribuciones recientes e importantes al campo de estudio del lugar de las normas, los valores y la ética en la conformación de una sociedad.
En la sección siguiente, se desarrolla lo que consideramos el aporte singular de esta investigación, que consiste en tratar de explicar por qué son tan poco efectivas nuestras normas formales desde una perspectiva estructural y, específicamente, desde el análisis del capital social. El primer paso al respecto es explicar qué significa una perspectiva o aproximación estructural y cómo el término capital social ayuda en este sentido. Luego, analizamos las implicancias de una aproximación estructural con respecto a otros referentes de la conducta humana, como son la cultura y las interacciones sociales (acción). Insistimos en que darle prioridad a lo estructural dentro de nuestro análisis, no significa una negación de la importancia del bagaje cultural y de la orientación interaccionista. Veremos cómo diversos teóricos han encontrado interesantes puntos de encuentro entre cultura-sociedad-actor social.
El documental Entre vivos y plebeyos presenta a tres personajes de la Lima actual, un microbusero, un hombre de negocios y una estudiante universitaria.2 Narra cómo, a pesar de las diferencias socioeconómicas y de situaciones de vida, los tres justifican y actúan bajo el dictado de la cultura de la “viveza”. El microbusero recoge y deja a los pasajeros en cualquier lugar de la vía pública y soborna a un policía porque no tiene licencia de conducir profesional. El empresario no utiliza los materiales e insumos requeridos y comprometidos para cumplir adecuadamente con la licitación que ha ganado para parchar una vía pública, aumentando su margen de ganancia, pero también los huecos y baches de nuestra ciudad. La estudiante prepara un “comprimido” para copiarse en un examen, porque no tuvo tiempo de leer los textos y libros que entraban en la prueba, a pesar de que había comprado versiones “piratas” de ellos. El mensaje al final del documental es que la viveza y la criollada hacen que los limeños se asemejen en estas conductas egoístas e individualistas que no contribuyen a un proceso de desarrollo nacional y no sientan las bases sobre las cuales se debería edificar la identidad nacional.
Al presentar este documental a un grupo de alumnos del curso Problemática Nacional, algunos manifestaron que era exagerado. Argüían que son muchas las personas que son honestas y respetuosas de las normas sociales y legales. En esencia, pensaban que solo proyectaba una imagen negativa de la ciudad de Lima y del Perú. Esto llevó a un interesante debate sobre cómo los limeños y limeñas interactúan y se relacionan entre sí. Sin duda, casi todos opinaron que los hechos presentados en el documental eran verdaderos y cotidianos, pero sí presentaron resistencias a imaginarse que la sociedad estuviera solo caracterizada por estas conductas.3 Mencionaron, por ejemplo, cómo miles de limeños cada día se organizan en torno a la producción de bienes y servicios públicos, en comités del Vaso de Leche o en comedores populares. Asimismo, conversaron acerca del trabajo voluntario o los altos niveles de convivencia pacífica y respeto mutuo que existían en sus propios barrios, clubes y otros espacios.
Esta doble visión de la sociedad limeña capta quizás, por lo menos en términos intuitivos, lo esencial de nuestra sociabilidad. La percepción es que los espacios públicos y formales son una “tierra de nadie”, donde las normas se relajan y transgreden, las sanciones se debilitan y cada cual debe imponerse sobre los demás o protegerse de ellos. Es el imperio de la viveza, y los quedados —aquellos que siguen las reglas— tienen todo que perder. A pesar de que este entorno genera agresividad y resentimiento, rara vez se traduce en violencia física porque también existe la tácita aceptación de que si alguien saca ventaja es porque otro dejó que así sea.4 Algunos analistas sociales consideran que estas formas de comportamiento son expresiones de una sociedad anómica, a la que comúnmente se denomina “cultura combi” (Neira 2006; Amat y León 2006).
La cultura combi tiene especial significado para los peruanos urbanos porque ofrece una imagen nítida de cómo visualizan e interpretan la sociedad contemporánea. A principios de los noventa, durante el primer gobierno de Fujimori, se liberalizó el transporte público, lo cual llevó al ingreso masivo de operadores privados, muchos de ellos con unidades de transporte que se denominaron “combis”, con una capacidad promedio de diez pasajeros.5 Según Baldoceda (1998) el nombre viene del término ‘Kombi’, un modelo de camioneta de pasajeros de la marca alemana Volkswagen, que fueron las primeras camionetas utilizadas para el transporte interurbano. En poco tiempo, Lima contaba con más de sesenta mil unidades (buses, micros, combis), aunque solo requería la mitad de ellas para satisfacer la demanda. Esto produjo una competencia salvaje entre las propias unidades y sus conductores. Debido a su tamaño, maniobrabilidad y velocidad destacaron por sus acciones temerarias en las vías públicas: invadiendo carriles, deteniéndose en cualquier lugar para recoger o dejar pasajeros, cruzando violentamente a otros vehículos, etcétera. Como resultado, se popularizó el apelativo de “combis asesinas” al convertirse en las principales responsables de los accidentes y las víctimas del tránsito urbano. Carlos Amat y León (2006), por ejemplo, incluye el modelo de comportamiento combi en su apreciación acerca de cómo los peruanos y peruanas se adecuan a la realidad, y describe su estrategia como: “[...] lograr ambiciones sin escrúpulos, satisfacer los apetitos sin límites” (p. 93).
En los espacios más íntimos o cercanos —la familia, los amigos, los paisanos, los grupos del mismo estatus— la conducta de las personas que cometen imprudencias o son prepotentes varía, evidenciándose un mayor respeto y observancia de las normas. Se podría decir que es así porque opera lo que Coleman (1994) define como closure o encierro, en el sentido de que la efectividad de las normas se sustenta en redes cerradas y las relaciones sociales forman una urdimbre densa que promueve la reciprocidad y el cumplimiento. El incumplimiento de normas en estos espacios tiene un costo muy alto, ya que representaría una ruptura con los intercambios sociales que son importantes para la vida del individuo.
Considero que no es correcto, sin embargo, asumir que esta doble visión —dividida entre lo público y lo próximo— conduzca hacia una dualidad en la conducta social, como si los individuos optaran por ciertos patrones en un espacio y por patrones diferentes en otro. Por el contrario, lo que tiende a existir es una continuidad. Aparentemente, lo que opera en la determinación del comportamiento de un buen número de limeños y limeñas son criterios particularistas que nacen de sus relaciones más cercanas: linaje, estirpe, comunidad, estatus. Esto, como hemos analizado en otra investigación (Díaz-Albertini et al. 2004),6 es común en las sociedades tradicionales o premodernas, previas a la construcción de un sentido universal de derechos y de la ciudadanía. Si mi compromiso hacia los demás está limitado por criterios particularistas, entonces solo reconoceré y respetaré aquellos con los cuales me identifico y así se restringe mi capacidad de empatía únicamente hacia mis similares o, en todo caso, hacia los que considero como iguales.
Esto significa que en los espacios públicos como zona de encuentro entre diferentes y desiguales —en los cuales deberían primar los criterios universalistas, de lo que Putnam (1994) llama reciprocidad generalizada—, la tendencia sería a “medir” a los demás de acuerdo a códigos personales, y así determinar el trato que merecen. Santos Anaya (1999) señala que en el Perú resulta difícil pensar y tratar a los demás en espacios públicos como individuos anónimos, es decir como ciudadanos sujetos de derechos universales. Por el contrario, este autor analiza cómo el mecanismo o lenguaje jerarquizador de “¿sabes con quién estás hablando?” cumple diversos propósitos en el proceso de medir y determinar el trato, los derechos y privilegios otorgados al “otro” u “otra”. De acuerdo con este mecanismo, una parte esencial de nuestras interacciones sociales en el mundo público consiste en ubicar y situar al otro u otra según criterios particularistas de posicionamiento social. Es decir, según las nociones que manejamos con respecto a clase, etnia, raza, linaje, procedencia, entre otros.
Lo que existe, entonces, es un arraigado sentido de lo particular, lo cual lleva a personalizar nuestra aproximación hacia otros, sean estos actores individuales o institucionales. Evidentemente, esto conduce a lo que Vallaeys describe como la “cultura del arreglo”:
[...] cuando a uno le conviene, se prefiere obviar la regla moral o jurídica conocida por su carácter público, universal, obligatorio, anónimo y abstracto, para desviar hacia el “arreglo”, concebido esta vez como privado (¡es entre nos!), particular (no se quiere que los demás hagan lo mismo), excepcional (¡por esta vez!), bien personalizado (¡porque somos amigos!), y concreto (en este caso). Una vez instalada la “cultura del arreglo”, cualquier nueva regla, ley o prohibición puede servir de instrumento para nuevos arreglos. De ahí el famoso y desesperante dicho “hecha la ley, hecha la trampa” (2002: 74).
Aunque se podría argumentar que estos mecanismos de diferenciación son comunes en cualquier sociedad y que han sido temática central en las diversas teorías de estratificación en la sociología, hay algunas especificidades que resultan altamente perniciosas para la sociedad peruana:
• En primer lugar, con frecuencia la diferenciación y exclusión no son reconocidas como problemas públicos. Como bien indicara Callirgos (1993) al analizar el racismo peruano, existe un “doble discurso” con respecto a la exclusión. El discurso público que insiste en la igualdad —en el caso del racismo que somos un país “mestizo”— y niega distinciones en la sociedad peruana. El discurso privado, por el contrario, está fuertemente informado por nociones y prácticas de exclusión, entre las cuales destaca el “ninguneo”.7 Al no reconocer el problema, este desaparece del debate público y, curiosamente, se convierte en una suerte de tema “tabú”. Las pocas veces que salta a la luz pública, rápidamente es acallado bajo el pretexto de que dicha discusión genera divisiones entre los peruanos.8 Según Gonzalo Portocarrero (2007), lo que opera en este caso es una “discriminación individualizada” debido a que en el país existe el racismo al mismo tiempo que el mestizaje. Esto implica que no existen comunidades raciales claras, sobre las cuales se ejercería una discriminación pública o colectiva. Cada individuo negocia y construye su identidad racial de acuerdo al momento y entorno en el que se encuentra, siendo posible pasar de discriminador a ser discriminado con suma facilidad.
• En segundo lugar, la debilidad de nuestras instituciones, especialmente las responsables de impulsar la defensa y el respeto de los derechos, no permite una actuación eficaz en la disminución de las desigualdades. La inoperancia, la corrupción, la incapacidad sancionadora y la lentitud de las instituciones estatales son prácticas que encajan perfectamente con el patrimonialismo o la apropiación privada de las funciones públicas.9 Al decir de Crabtree (2006) el “peso de la historia” juega un papel central en este sentido, ya que los cambios institucionales deben responder al contexto cultural más profundo. Portocarrero ubica este peso en la conformación, durante la Colonia, del sujeto criollo, “[...] minusvalorado, desconocido y despreciado [...]” por el discurso de la metrópoli, pero el cual —ante la débil legitimidad de la autoridad colonial— “[...] lo convoca a transgredir, a no tomar tan en serio las leyes que lo legislan” (2004: 14). Como bien señala este autor, toda transgresión, a su vez, debe tener víctimas, y la laxitud en el cumplimiento de normas ha significado en nuestra historia la injusticia y exclusión de los “otros”: indígenas, mestizos, negros. El criollo despreciado por la autoridad, sin embargo, no logra reivindicarse vía la “permitida” transgresión, sino que su práctica lo hace más despreciable, ya que lo aleja simultáneamente, por un lado, de las fuentes cercanas y afirmativas de su identidad (lo pluricultural, el mestizaje) y, por el otro, de las sociedades ordenadas que admira (la metrópoli, lo moderno, lo desarrollado).
• En tercer lugar, la exclusión socioeconómica se refleja en la persistente pobreza y desigualdad. Esto es de manera parcial producto de la falta de efectividad de las normas, especialmente las consagradas en la modernidad, siendo la equidad de oportunidades uno de sus principales baluartes. De ahí que nuestras instituciones y normas no solo son débiles, sino también ilegítimas porque, ante los ojos de la mayoría, no son operativas. Esto abre las puertas al fomento de otro tipo de transgresión: la de los débiles. Hace dos décadas, Scott (1985) estudió cómo los débiles reaccionaban ante las autoridades que consideraban injustas y explotadoras. Rara vez expresaban su malestar abiertamente porque reconocían que acarreaba diversos riesgos físicos, económicos y de supervivencia. Por el contrario, desarrollaban estrategias de resistencia a la autoridad basadas en transgresiones pequeñas y cotidianas, como podrían ser la burla, el arrastrar los pies, los pequeños hurtos, los errores intencionales, entre otros. Scott denomina este patrón de conducta como las “armas de los débiles” (weapons of the weak), las cuales no llevan a cambios significativos en la situación vivida, pero sí a una resistencia cotidiana y a una afirmación de las personas. Portocarrero (2004) utiliza el término “la astucia de los débiles”, pero añade que en el caso peruano esta se desarrolla en complicidad con el poder corrupto que se hace de la “vista gorda” ante una serie de actividades que se encuentran al margen de la ley, pero que permiten la supervivencia y el desarrollo de actividades económicas de amplios sectores empobrecidos. La piratería, la venta de productos de contrabando, el no respetar los reglamentos de seguridad para el transporte público (mototaxis), el no acatamiento de normas de higiene y calidad en la producción de alimentos, la venta de medicinas adulteradas, entre otros, son justificados en aras de la supervivencia de las personas porque no tienen trabajo.10